La Fiscalía de Guatemala allanó otra vez la sede del Tribunal Electoral y ordenó la captura de una directora del organismo
21 julio 23Tiene emitida una orden de captura
Por Infobae
La fiscalía de Guatemala allanó el jueves por segunda vez la sede del Tribunal Supremo Electoral y tiene emitida una orden de captura contra una responsable del Registro de Ciudadanos, en una nueva maniobra judicial dentro del proceso penal que se sigue contra uno de los partidos que pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El ente rector electoral se negó, siguiendo una orden constitucional, a cancelar la personalidad jurídica del movimiento Semilla, que impulsa al candidato de izquierda Bernardo Arévalo. Éste se disputará la presidencia el 20 de agosto frente a la aspirante de derechas Sandra Torres, de donde saldrá el reemplazo del presidente Alejandro Giammattei. El allanamiento de la Fiscalía, según confirmó el ente rector electoral, buscaba evidencias y registros de personal de la entidad electoral, después de que ya hiciera una pesquisa similar la semana pasada. Un juez había ordenado suspender a Semilla por supuestamente haberse constituido como partido político con firmas falsas.
David de Léon, vocero del tribunal electoral, confirmó a la agencia de noticias AP el allanamiento del jueves y dijo que se realizó en la sede de Recursos Humanos de la institución. La orden de aprehensión, precisó, es contra la abogada Eleonora Castillo, subregistradora del Registro de Ciudadanos, a cargo del despacho.
El juez Fredy Orellana dispuso la detención de la funcionaria que quedó encargada del Registro de Ciudadanos, después de que el Registrador Ramiro Muñoz, que tiene inmunidad por su posición, solicitara días de vacaciones al tribunal electoral y saliera del país.
Primero Muñoz y luego Castillo recibieron el requerimiento judicial de suspender la personería jurídica de Semilla, por iniciativa de la fiscalía, pero no ejecutaron la orden ya que la Corte de Constitucional concedió un amparo al movimiento para interrumpir la intervención mientras concluye el proceso electoral en el país. Pero el juez Orellana insistió en que se cancele al partido político.