El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori

Por Infobae

Alberto Fujimori (1990-2000), el exdictador que acaba de obtener su libertad por el Tribunal Constitucional, escuchó varias sentencias a lo largo de sus 85 años, pero la de 2009 fue la más contundente y quedó en la historia de Latinoamérica. Entonces, por primera vez, se dictó una condena a un expresidente por crímenes contra los derechos humanos.

La Justicia peruana halló al expresidente como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe que dio el 5 de abril de 1992.

En mayo pasado fue la última ocasión en la que Alberto Fujimori fue hospitalizado en una clínica en Lima. Ingeniero y matemático, hijo de inmigrantes japoneses, había devenido en un octogenario de apariencia endeble.

Pero catorce años atrás, vestía un traje negro y una corbata oscura frente al tribunal que lo iba a condenar por las matanzas a manos de Colina, un grupo formado por militares encubiertos en su gobierno.

Se presumía que las personas en la casa tenían vínculos con actividades terroristas, por lo que les ordenaron tirarse al piso y luego les dispararon indiscriminadamente. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años de nombre Javier Ríos Rojas, y otras 4 quedaron gravemente heridas.

La masacre de La Cantuta tuvo lugar meses después, el 18 de julio de 1992, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle. Nueve estudiantes y un profesor fueron sacados de sus residencias y luego desaparecidos. Los restos de dos de ellos fueron hallados en fosas clandestinas un año después.

En 2017, Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto a Alberto Fujimori, pero volvió a prisión al año siguiente, cuando la Corte Suprema anuló el polémico beneficio en obediencia a un fallo de la Corte IDH que invalidaba amnistías para condenados por delitos de lesa humanidad.

En marzo del 2022, el órgano judicial exigió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar liberación del exidctador, también condenado por usurpación de funciones (seis años), peculado (siete años y seis meses), pagos ilegales a congresistas y la compra de líneas editoriales de medios de comunicación (seis años) y el caso de los diarios Chicha (ocho años).