Cuál es el riesgo legal de Trump tras ser acusado por el mal manejo de documentos clasificados

Por Infobae

Donald Trump se enfrenta, según algunos recuentos, a unas 20 investigaciones penales y demandas civiles. Los cargos serían los primeros presentados por fiscales federales contra un ex presidente que ya enfrenta una acusación penal separada, presentada por la Fiscalía de Nueva York.

¿Cuáles son las investigaciones más destacadas que involucran a Trump?

La “redada” en Mar-a-Lago
El pasado 8 de agosto, agentes del FBI llegaron sin previo aviso a la residencia del ex presidente en Mar-a-Lago, Florida, para registrar toda la propiedad; una acción sin precedentes contra un mandatario estadounidense.

El Departamento de Justicia estaba en búsqueda de documentos de seguridad nacional que habían sido tomados de la Casa Blanca por el ex presidente Trump. Los abogados del líder republicano afirmaron que los archivos relevantes habían sido devueltos al Archivo Nacional, pero el FBI tenía sospechas de que algunos documentos aún permanecían en la residencia del ex presidente. Durante una investigación, los agentes del FBI encontraron más de 100 documentos clasificados o con la etiqueta de “top secret”. Según los informes, algunos de estos archivos podrían estar relacionados con las capacidades nucleares de un gobierno extranjero.

Trump ha declarado que desclasificó los documentos mientras era presidente y que tenía la autoridad para hacerlo, incluso si eso implicaba tomar decisiones sin consultar a otros. Sin embargo, sus abogados no han hecho las mismas afirmaciones en los tribunales, ya que hacerlo bajo juramento podría constituir perjurio.

El fiscal general Merrick Garland ha tratado de ser escrupulosamente imparcial. No obstante, la investigación sobre los documentos recuperados y su posible implicación en cargos penales contra el ex presidente se ha vuelto políticamente tensa.

El 18 de noviembre pasado, Garland designó a un abogado especial, un fiscal federal semiindependiente, para supervisar la investigación. Esta designación, según afirmó, demuestra el compromiso de su departamento con la “independencia y responsabilidad en asuntos particularmente delicados”. El perito especial en cuestión, Jack Smith, tiene experiencia previa en el Departamento de Justicia investigando casos de corrupción gubernamental. Smith asesorará al fiscal general sobre si presentar o no cargos contra Trump, pero la decisión final seguirá recayendo en el fiscal general.

Un gran jurado en Manhattan ha recibido pruebas que apuntan a que Trump falsificó registros comerciales con el fin de ocultar un pago de dinero destinado a comprar el silencio de Stormy Daniels, también conocida como Stephanie Clifford, una actriz porno que afirma haber tenido una relación con Trump en 2006. Según la evidencia presentada, el entonces abogado del ex presidente, Michael Cohen, realizó un pago de 130.000 dólares a Daniels poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 para evitar que revelara detalles del supuesto encuentro. Se cree que el dinero salió del propio bolsillo de Cohen bajo la supuesta orden de su jefe. Posteriormente, Trump firmó personalmente cheques para reembolsar a Cohen, aunque esos pagos fueron falsamente registrados como gastos legales por la Organización Trump.

Este caso presenta una complejidad jurídica. La falsificación de registros comerciales es un delito menor, pero para que se considere un delito grave relacionado con el mantenimiento de registros fraudulentos, los fiscales deben demostrar que esa acción estuvo destinada a encubrir un delito adicional, como la falta de informar adecuadamente un gasto de campaña.

En 2018, Michael Cohen se declaró culpable de violaciones relacionadas con financiamiento de campaña y evasión de impuestos, específicamente en relación con el dinero utilizado para comprar el silencio de Stormy Daniels. Como resultado de su declaración, Cohen cumplió una condena de prisión de poco más de un año. En ese momento, no se presentaron cargos contra Trump, ya que el Departamento de Justicia sigue una directriz que desaconseja la acusación de un presidente en funciones.