Acción de alcalde de Alajuela ante Sala IV pondría en jaque a zonas francas en Costa Rica

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr

Una acción de inconstitucionalidad presentada por el alcalde de Alajuela, Humberto Soto, podría poner en jaque parte de los beneficios que reciben las zonas francas en Costa Rica.

El jerarca municipal impugnó la Ley 9851, a través de la cual las municipalidades deben reconocer el beneficio fiscal a las empresas acogidas bajo el régimen de zona franca. Además, permite a las empresas que pagaron impuestos sobre bienes inmuebles solicitar la devolución de los montos a las municipalidades.

Según argumentó Soto, el reclamo busca dejar sin efecto la posibilidad que se otorga a las empresas de solicitar la devolución del dinero que pagaron previamente por concepto de impuesto a bienes inmuebles.

Datos de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) indican que las más de 380 empresas bajo este régimen generan más de 175 mil puestos de empleo directos e indirectos.

Al respecto, el alcalde aseguró que no se opone ni pretende generar afectación al régimen de zona franca en el país.

Por su parte, el analista financiero, Daniel Suchar, consideró que el reclamo presentado contra los beneficios a las zonas francas podría representar ‘un disparo en el pie’ para el país en materia de empleo e inversión extranjera.

La Sala IV confirmó que la acción presentada por el alcalde de Alajuela aún se mantiene bajo estudio de admisibilidad.