La embajadora venezolana en Argentina: “Esperamos que el país continúe siendo solidario con todas las víctimas del régimen”

Por Infobae

La embajadora del presidente encargado Juan Guaidó en la Argentina, Elisa Trotta Gamus, se refirió este lunes a declaraciones sobre el país caribeño realizadas por el presidente del país en el que cumple funciones, Alberto Fernández.
Consultado en una entrevista televisiva el domingo acerca de si había tenido la posibilidad de leer la actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela -donde, entre otras conclusiones, afirmó que ha seguido documentando presuntas ejecuciones extrajudiciales del FAES- Fernández dijo que no, pero indicó que es algo que a su gobierno “le preocupa”. “Nos preocupa todo avasallamiento al Estado de Derecho. También nos preocupa lo que está pasando en Bolivia y en Chile. De todo eso se habla menos”, indicó.
En tanto, al hablar específicamente a la situación en Venezuela, dijo: “Si Maduro ha avanzado sobre los derechos individuales de los venezolanos, me va a tener a mí reclamando por esos derechos individuales”.
Trotta Gamus se hizo eco de las declaraciones de Fernández sobre su país y, en una publicación en sus redes sociales, indicó que durante la semana pasa hubo cuatro ejemplos que ilustraron el accionar de la dictadura: el secuestro del diputado Gilber Caro y el periodista Víctor Ugas; el allanamiento de la inmunidad a cuatro diputados opositores; y el cierre del medio de comunicación VenePress.

Y expresó: “Confiamos en que la Argentina seguirá condenando las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro, reflejadas en la actualización del Informe Bachelet. Y esperamos que continúe siendo solidaria con todos los venezolanos víctimas de ese régimen”.
El secuestro de Gilber Caro y Víctor Ugas
Ambos fueron abducidos el pasado viernes por agentes de la dictaura y, luego de dos días bajo paradero desconocido, fueron presentados el domingo por la noche ante la justicia chavista. Sin embargo, sus abogados denunciaron que les fue prohibido ingresar al recinto, “violando así su derecho a la defensa”.
La abogada defensora de los derechos humanos y consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonor Acosta, denunció que el caso representa una violación al debido proceso y enumeró las causas que fundamentan su aseveración: “Fueron detenidos sin una orden judicial, desaparecidos forzosamente durante un lapso de 48 horas, y les fue negado el derecho a designar abogados durante la audiencia que presuntamente se llevó a cabo”.
“Sabemos extraoficialmente que la jueza Hilda Villanueva ordenó que se les asignara un defensor público, pero ellos se negaron. No nos dejan ingresar. Se está violando a Gilber y a Víctor el derecho de tener una defensa de su confianza”, agregó.

Theresly Malavé, abogada del diputado opositor a quien se le impidió el ingreso al recinto donde hoy fueron presentados ante la justicia chavista, anunció que los tribunales dejarán de estar activos hasta el 6 de enero del año que viene, por lo que ambos continuarán detenidos con paradero desconocido hasta entonces.

El partido también denunció que Caro y Ugas fueron “salvajemente” golpeados y que la intención del FAES, cuyos agentes llevaron a cabo el operativo en los alrededores de La Florida, en Caracas, «era sembrarles armas y/o explosivos”.

A su vez, consignaron que el hecho se enmarca en la intención más abarcativa de la dictadura de «intentar desmembrar el Parlamento y entorpecer la reelección del presidente Juan Guaidó el 5 de enero”, cuando tengan lugar las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional.

El plan, indicaron, fue bautizado como “Operación Alacrán” y consiste en «la compra de las conciencias” de algunos diputados. “Han traicionado a sus electores y pretenden incorporarse en las sesiones del Parlamento e impedir que los diputados perseguidos puedan ejercer su derecho al voto, en evidente coordinación con el régimen usurpador”.