Por: Fernanda Romero
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron afirmativamente un proyecto de Ley que amplía las circunstancias en las que las autoridades pueden revocar permisos de portación y decomisar armas de fuego.
La iniciativa también busca actualizar la legislación para regular de forma más efectiva las armas asignadas a cuerpos policiales. Además, plantea sanciones más severas para delitos como la tenencia ilegal de armas, el uso de armas prohibidas, la introducción clandestina y la alteración de armas.
De aprobarse, la ley prohibirá portar o poseer armas a personas con antecedentes penales, aquellas sometidas a procesos judiciales por delitos graves, quienes estén bajo medidas alternativas a la prisión por esos delitos, o tengan medidas de protección por casos de violencia doméstica.
El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Horacio Alvarado, explicó que el proyecto de Ley surge ante el aumento de la criminalidad.
Con esta propuesta, la tenencia ilegal de armas permitidas será sancionada con una pena de prisión de cinco a diez años, cuando dichas armas estén registradas a nombre de personas físicas o jurídicas que brinden, de forma individual o colectiva, servicios de seguridad privada.
Alvarado amplió sobre otros objetivos que persigue la iniciativa.
Además, se dictaminó un proyecto de Ley permitirá al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) crear un banco de material de personas condenadas por delitos sexuales.
La información genética recolectada será resguardada por el OIJ bajo los más altos estándares de confidencialidad, y estará disponible únicamente para uso de investigadores, jueces, fiscales y defensores autorizados.
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