Bernardo Arévalo llega a Washington para afianzar una alianza tras la compleja transición presidencial en Guatemala

Por Infobae

La cita está programada para las dos de la tarde de este lunes 25 de marzo. Kamala Harris, la vicepresidenta de Joe Biden, recibirá a Bernardo Arévalo, el presidente que asumió el poder en Guatemala tras unas accidentadas elecciones y un proceso de transición que siempre estuvo amenazado por las élites políticas del país, quien ha viajado a Washington para su primera gira oficial como mandatario.

No ha trascendido aún de forma oficial de qué hablarán Harris y Arévalo, pero dos temas son previsibles. Uno es el apoyo continuado de Estados Unidos a la gestión del guatemalteco, que en su país debe de bregar con una oposición política de derechas que hizo hasta lo imposible para impedir el ascenso de este catedrático universitario de centro izquierda, y con una fiscal general sancionada por Estados Unidos que fue punta de lanza en los intentos por defenestrar a Arévalo incluso antes de su toma de posesión.

El otro tema de agenda será, si se atiende al interés expresado por Washington y a los movimientos de la política doméstica estadounidense en año electoral, el migratorio. Guatemala sigue siendo puerta de salida de cientos de miles de migrantes centroamericanos y de otras regiones y países, sobre todo de venezolanos en los últimos años según cifras oficiales de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos.

No parece casual, por eso, que al viaje de Arévalo a Washington haya antecedido una visita a Ciudad de Guatemala de Alejandro Mayorkas, el secretario de seguridad interna de Biden, quien tras una reunión con el presidente guatemalteco recitó el guion que el gobierno estadounidense ha seguido respecto a Centroamérica, el cual está basado en la llamada estrategia de causas raíz de la migración; se trata de un plan de política exterior que pone a la migración en el centro y propone planes para evitarla, que incluyen inversión a través de iniciativas privadas y tratos para frenar los cruces irregulares en la frontera sur de los Estados Unidos.

Mayorkas aprovechó, además, para repetir el mensaje político que la Casa Blanca de Biden y su Departamento de Estado han hecho llegar con claridad a las élites políticas y económicas que gobernaron Guatemala antes del triunfo de Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla: Washington apoya al nuevo presidente y apuesta por él como un socio estratégico en Centroamérica, y ese apoyo incluye mantener en la mira a quienes en su momento dificultaron la transición y ahora siguen poniendo cuesta arriba la gobernanza.

“Sabemos que las fuerzas de la corrupción continúan buscando amenazar la democracia y el bienestar del pueblo de Guatemala y más allá. Estados Unidos apoya al presidente Arévalo y su lucha por la democracia contra las fuerzas de la corrupción”, dijo Mayorkas en Ciudad de Guatemala.

Washington ha puesto nombres y apellidos a esas “fuerzas de la corrupción” a través de sanciones con la Ley Magnitsky, aplicable a funcionarios extranjeros señalados por actos corruptos o violaciones a los derechos humanos, y del mecanismo diplomático conocido como la Lista Engel, en la que el Departamento de Estado incluye a funcionarios, políticos y empresarios privados centroamericanos a los que considera agentes antidemocráticos y corruptos. En el caso guatemalteco, Estados Unidos ha incluido a decenas de diputados, jueces, funcionarios y operadores políticos, entre ellos la fiscal general Consuelo Porras y el expresidente Alejandro Giammattei, antecesor de Arévalo.

Giammattei, quien aún conserva poder político en Guatemala a través de diputados en el Congreso, fue investigado durante su gestión (2020-2024) por supuestos actos de corrupción, que incluyeron haber aceptado sobornos millonarios de un grupo de mineros rusos y kazajos que querían ampliar operaciones de extracción en el país. Esas investigaciones fueron bloqueadas por la fiscal general Porras, quien se convirtió en el rostro de una campaña de persecución política y acoso judicial contra periodistas, exfiscales, jueces y otros que investigaron y procesaron judicialmente a empresarios y políticos como el expresidente.

La fiscal general Porras, quien se mantiene en el puesto y cuyo periodo al frente del Ministerio Público (MP) culmina en 2026, se convirtió en la principal piedra de tropiezo para Arévalo desde que él era candidato. A través de sus fiscales de confianza, entre ellos Rafael Curruchiche, también sancionado por Estados Unidos, Porras emprendió una persecución penal contra Arévalo, el Movimiento Semilla y Karin Herrera, la vicepresidenta, que incluyó intentos por abrir urnas en el proceso electoral que dio la victoria al actual gobernante y otros por encarcelar a varios miembros del partido ganador.

En su momento, ya como presidente electo, Arévalo dijo que buscaría cómo deshacerse de la fiscal Porras, pero advirtió que no sería un camino fácil ya que, debido a una reforma previa, el presidente no tiene facultades para destituir a la jefa del MP, y porque una remoción por vía del Congreso se antojaba cuesta arriba por la presencia de aliados de Porras en la legislatura. Por el momento, Consuelo Porras se mantiene en su oficina y persiste en la persecución a críticos del gobierno anterior.

Jose Rubén Zamora, exdirector del diario El Periódico y uno de los periodistas más influyentes del país, es uno de los nombres más visibles en esa persecución. La semana pasada, Zamora cumplió 600 días preso desde que fue arrestado en junio de 2022 en un operativo dirigido desde el MP de Porras. El 20 de marzo pasado se suspendió por cuarta vez una audiencia en el caso del periodista, quien ha solicitado pasar a arresto domiciliar.

Otro de los nombres asociados a la persecución dirigida desde el MP es el de la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, que estuvo presa más de un año y fue sometida a torturas sicológicas en una prisión guatemalteca. Laparra es una de las fiscales que investigó importantes casos de corrupción desde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en tiempos en que el Ministerio Público recibió apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Fue arrestada en febrero de 2022 por una denuncia administrativa del juez Lesther Castellanos, otro que ha sido listado por el Departamento de Estado en Washington como actor corrupto y antidemocrático.