El gran reto de Brasil en 2024 es la inflación: qué hará Lula para contenerla

Por Infobae

La lista de retos a los que se enfrentan tanto el gobierno como los ciudadanos brasileños en 2024 es larga. Desde la sanidad pública a la educación, pasando por la reducción de la pobreza, en todas partes se necesitan proyectos y una visión de futuro. Pero el reto más importante, por todas las consecuencias que implica, sigue siendo la economía, en particular la inflación.

El IPCA, el indicador de inflación que orienta los objetivos del Banco Central, aumentó un 0,40% en diciembre con respecto al mes anterior, muy por encima de las estimaciones, que preveían sólo un 0,26%. Aunque con este dato la inflación para 2023 aún cerró en 4,72, cerca del límite estimado por el Banco Central de 3,25 con un margen de tolerancia de 1,5 por ciento, el dato de diciembre alertó, sin embargo, sobre posibles escenarios para el nuevo año que comienza. Los rubros que más subieron fueron los transportes, con un 0,77% más que en noviembre, seguidos de los alimentos y las bebidas, con un aumento del 0,54% y el 0,48% respectivamente. Los temores sobre la inflación en 2024 aumentan por el déficit con el que Brasil cerró el año que acaba de terminar y las previsiones de una fuerte contracción del Producto Interior Bruto (PIB).

A pesar de que nada más asumir el cargo el ministro de Economía, Fernando Haddad, prometió un déficit inferior a 100.000 millones de reales, a finales de 2023 el déficit fue de 145.000 millones de reales, unos 30.000 millones de dólares, el equivalente al 1,4% del PIB. Sólo en el tercer trimestre de 2023, el gasto de la administración pública creció cinco veces más que la actividad económica. Y este año el gasto público promete aumentar ya que hay elecciones municipales en las que el ejecutivo está invirtiendo para ayudar a todos los partidos su gobierno, a comenzar por el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, drásticamente reducido desde 2016 después de la operación anticorrupción Lava Jato.

En cuanto al PIB, se estima que pasará de un crecimiento del 3% en 2023 al 1,6% este año. Para los economistas, el crecimiento en 2023 se concentró principalmente en el primer semestre, con un ritmo mucho más débil a partir del tercer trimestre, lo que explicaría la perspectiva de enfriamiento de la economía en 2024. Los datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) muestran que la tasa de crecimiento del PIB acumulada hasta el primer semestre de 2023 fue del 3,8%. Hasta septiembre, se desaceleró al 3,2%. Además, la inversión de los hogares cayó un 2,5% en el tercer trimestre, mientras que la economía del país sólo creció un 0,1%. El número de empresas en recuperación judicial aumentó un 197%.

A este escenario se añaden otras variables que podrían aumentar la inflación. Por ejemplo, el fenómeno climático de “El Niño”, que provoca un mayor calentamiento de las aguas del Pacífico Central y se prevé que impacte especialmente en el primer trimestre. El fenómeno afecta a la producción en el campo, con fuertes lluvias en el sur y sureste y escasez de agua en el norte y noreste del país. Por ello, la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) prevé una cosecha de 312,2 millones de toneladas, un 2,4% menos que en 2022/23, cuando la cosecha fue récord.

También preocupa la situación en Mato Grosso, el mayor productor de granos de Brasil, donde la irregularidad de las lluvias y el calor excesivo podrían causar el mayor perjuicio en la historia del estado. Las estimaciones hablan que alrededor del 20% de la cosecha podría perderse. El sector del transporte también podría contribuir al aumento de la inflación. A partir de hoy se han restablecido los impuestos federales sobre el diésel, que encarecería para los consumidores el combustible más utilizado en el país. Los impuestos de los gobiernos estatales sobre la gasolina, el diésel, el biodiésel y el gas de cocina también se activarán en febrero. En Brasil, recordemos, el transporte interno de cargas viaja principalmente por carretera.

En 2023, la inflación, hay que recordarlo, no fue sólo una preocupación brasileña sino mundial. Para contenerla, en un proceso que se inició en los últimos años, los principales bancos centrales del mundo han venido endureciendo su política monetaria. En Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal (Fed) realizó su última subida de tasa de interés oficial en julio, manteniéndola desde entonces entre el 5,25% y el 5,50%, el nivel más alto en 22 años. En Brasil, la política monetaria siguió siendo restrictiva en 2023, aunque el Comité de Política Monetaria (Copom) inició en agosto el ciclo de reducción de tasa de interés oficial, Selic. A principios de 2023, el tipo se situaba en el 13,75%, para pasar al 11,75% a finales de año.

Y mientras el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, en una entrevista concedida hace unos días al diario O Globo, reiteraba que en 2024 “es importante mantener la inflación dentro de la banda objetivo y los tipos de interés lo más bajos posible”, en el diario Folha de São Paulo ha surgido una noticia que ha enfriado los ánimos. El gobierno Lula, según la periodista Monica Bergamo, planea cambiar las reglas que hasta ahora han garantizado la autonomía del Banco Central, independiente desde 2021, es decir, permitir que el presidente de la República destituya al presidente del Banco Central – que tiene un mandato de cuatro años – después de su primer año a Planalto. Actualmente, el mandato de los presidentes del Banco Central sólo termina dos años después de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, precisamente para evitar interferencias políticas. Lula, según la norma actual, no puede destituir a Campos Neto del Banco Central hasta 2025. “Según miembros del gobierno brasileño, esta norma limita excesivamente los poderes del presidente, que no puede aplicar plenamente su proyecto económico apr obadoen las urnas”, escribe Bergamo. Hay que recordar, sin embargo, que durante la campaña electoral Lula no presentó ningún plan económico detallado, aparte de unas pocas páginas de contenido genérico, por lo que fue criticado por muchos analistas por su vaguedad.

“Este año hemos conseguido hacer algo que pocos imaginaban que podríamos hacer en tan poco tiempo”, dijo Lula en su discurso de Navidad, alabando sobre todo los resultados de la economía. Es cierto que Brasil cierra 2023 con una economía mejor de lo que se pensaba en enero pasado, con un PIB estimado en el 3% y una balanza comercial superior a los 90.000 millones de dólares, pero en 2024 podría pagar una abultada factura por todos los errores cometidos el año pasado.

Uno de los economistas más respetados de Brasil, Marcos Mendes, resumió las vulnerabilidades actuales del país en un perspicaz editorial para el diario Folha de São Paulo. Mendes fue uno de los creadores del Techo de Gasto de 2016, una medida que permitió a Brasil hacer frente a la grave recesión desencadenada por el gobierno de Dilma Rousseff. “Nuestra organización institucional parece facilitar el éxito de intereses específicos aprobando políticas equivocadas”, escribe el economista.

La lista de errores según Mendes es larga. Desde el acuerdo comercial con la Unión Europea, que “ha sido archivado”, pasando por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que “está recomponiendo los instrumentos de su fracasada política parafiscal”, hasta Petrobras, que «intenta reestatizar las refinerías y coquetea con la política local”. Incluso la reforma fiscal que sustituyó al techo de gasto ya se ha “flexibilizado” en gran medida.

La coherencia en las decisiones económicas será, por tanto, importante. Una coherencia que ha faltado en los últimos días, por ejemplo, en el anuncio del Ministro de Economía, Fernando Haddad, de una Medida Provisional -que tiene fuerza de ley durante cuatro meses- para suprimir los beneficios fiscales de que disfrutaban los empresarios en el pago de los sueldos a sus empleados. A pesar de que el Congreso había votado a principios de diciembre a favor de mantener esos beneficios fiscales, hace unos días, cogiendo a todo el mundo por sorpresa, Haddad anuló la decisión del Congreso. La razón es sencilla. Urgen ingresos para contener al máximo el déficit de 2024. Sin embargo, dada la polémica, el gobierno de Lula está negociando ahora con el Congreso la modificación de la medida provisional de Haddad.

Además, entre las diversas incógnitas que pesan sobre la inflación y la economía en este año que comienza está el factor de la criminalidad. En los últimos meses, Brasil ha experimentado un recrudecimiento tanto de la pequeña criminalidad como de la macrocriminalidad, con verdaderas guerras por el control del territorio y el narcotráfico que han estallado con extrema violencia tanto en el estado de Bahía como en Río de Janeiro. Como también advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de octubre sobre América Latina titulado “Garantizar una inflación baja y alimentar el crecimiento potencial”, los altos índices de delincuencia obstaculizan el crecimiento del capital, desalentando a los inversores que temen los robos y la violencia, y reducen la productividad, ya que los recursos se desvían a la seguridad interna.

Baste decir que el plan de emergencia contra el crimen organizado anunciado por el gobierno brasileño en octubre costó 900 millones de reales, es decir 185 millones de dólares. Según los analistas del FMI En América Latina, incluido Brasil, un aumento del 30% en la tasa de homicidios reduce el crecimiento en 0,14 puntos porcentuales del PIB. Llevar el nivel de criminalidad a la media mundial aumentaría el crecimiento económico anual de la región en 0,5 puntos porcentuales, alrededor de un tercio del crecimiento de América Latina en 2017-19.