Un nuevo informe de la OEA advirtió que las reformas en Venezuela “perpetúan la impunidad” de los crímenes de lesa humanidad
16 mayo 23Por Infobae
El Panel de Expertos Internacionales Independientes, designado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evaluar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó este martes su esperado segundo informe.
En una conferencia de prensa celebrada hoy en La Haya, los miembros del panel Santiago Canton y Joanna Frivet presentaron conclusiones alarmantes que revelan “las reformas institucionales de Venezuela que perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas”.
Moderada por Rodrigo Diamanti, secretario del panel de expertos, la sesión puso de relieve la urgente necesidad de que actúe la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 14 de septiembre de 2017, el Panel de Expertos Internacionales Independientes está formado por distinguidas personalidades que evalúan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entre sus miembros se encuentran Santiago Cantón, de Argentina; Manuel Ventura Robles, de Costa Rica; e Irwin Cotler, de Canadá; junto con la más reciente incorporación, Joanna Frivet, de Mauricio.
El panel reveló que “las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis”.
Además, el informe expresó su preocupación por el hecho de que estas reformas “protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel. Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.
En ese sentido, el panel destacó dos casos que son ilustrativos del problema generalizado en Venezuela donde presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI.
En primer lugar, mencionó a Calixto Ortega, actualmente embajador de Venezuela en los Países Bajos y jefe de la misión diplomática de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Es magistrado de la Sala Constitucional y de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre de 2105. “En su condición de tal, se le atribuye haber colaborado activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens, entre otros”.
En segundo término, el informe señala a Diosdado Cabello, vicepresidente de la “Comisión de la Revolución Judicial” y actual Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. “Es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al Director General del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él”, resalta el reporte.
“En lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad. Este informe evidencia con casos concretos cómo el gobierno de Venezuela está garantizando la impunidad”, expresó Santiago Cantón, a la cabeza del panel.