El Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca Más condenó la clausura de la Cruz Roja en Managua y la confiscación de sus bienes

Por Infobae

La ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó este miércoles la clausura de la Cruz Roja Nicaragüense y la confiscación de sus bienes, ordenada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

Ese colectivo condenó “la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de Cruz Roja Nicaragüense, organización que desde 1931 atiende humanitariamente al país y que ahora al cancelar su decreto de constitución y estatizarla pasa a convertirse en un ente autónomo del Estado adscrito al Ministerio de Salud”.

Esa ONG reprochó además que el Estado haya utilizado “su política confiscatoria para quitarle propiedades y equipos”.

El Parlamento nicaragüense aprobó este miércoles con carácter urgente una iniciativa de Ley que deroga el decreto de creación de la Cruz Roja Nicaragüense y ordena traspasar sus bienes al Estado.

La decisión fue tomada por los diputados sandinistas y sus aliados, que acusaron a la Cruz Roja Nicaragüense de haber actuado en contra de sus principios en las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace cinco años, que dejaron cientos de muertos y en la que se exigió la renuncia de Daniel Ortega.

“Cruz Roja Nicaragüense ha sido una organización que ha brindado atención de manera imparcial, incluyente y sin ver distingos de ningún tipo atendiendo su naturaleza de neutralidad”, sostuvo el colectivo.

Esa ONG recordó que en el contexto de las protestas de hace cinco años Cruz Roja brindó auxilio a miles de heridos cuando el propio Ministerio de Salud “cerró puertas de hospitales y negó el derecho a la salud, actos considerados de lesa humanidad”.

A juicio de ese organismo, “el régimen Ortega Murillo tiene el propósito de ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, eliminar cualquier tipo de participación y apoyo humanitario o social que se le brinde a la población”.

“Se trata de criminalizar la labor humanitaria, social y hasta religiosa para ser ellos los únicos, sin embargo, con estas acciones aumentan la vulnerabilidad de la población y violentan sus derechos humanos”, alertó.

Observó que el régimen continúa atentando contra la libertad y el derecho de asociación de la población nicaragüense.