Un juez federal concedió la suspensión de la orden de extradición de Ovidio Guzmán López a EEUU

Por Infobae

Un juez federal otorgó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, una suspensión de plano contra el proceso de extradición a Estados Unidos luego de que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán fuera capturado en la localidad de Jesús María, Sinaloa como resultado de un operativo orquestado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pasado jueves 05 de enero.

Tras su detención, el cabecilla del Cártel del Pacífico fue trasladado vía aérea hasta la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la capital mexicana, por lo que sus defensores legales presentaron ante un distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México dos escritos para evitar que El Ratón fuera puesto a disposición del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por Diario Zeta, la primera demanda de garantías presentada por los abogados de Ovidio Guzmán López reclama una posible “incomunicación, deportación, expulsión, extradición y su ejecución”.

Al respecto, un juez federal decretó la suspensión de oficio contra la incomunicación para que bajo las disposiciones legales e institucionales se le permita al hijo del fundador del Cártel de Sinaloa comunicarse con sus familiares y entrevistarse con sus defensores legales.

Respecto a la extradición, el juez federal -cuya identidad no fue revelada- también concedió la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes para que Ovidio Guzmán López no sea presentado ante la justicia estadounidense y “el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”.

La segunda demanda de amparo promovida por los defensores legales del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán fue interpuesta en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades, siendo el acto reclamado la tortura física o psicológica que pudiera ejercerse en contra de su representado.

Para dicho escrito, el mismo juez federal decretó la suspensión de oficio para que de manera inmediata cese la ejecución de tales actos.