La Unión Europea advirtió que las condenas de China a los activistas prodemocracia de Hong Kong pueden afectar sus relaciones

Por: Infobae

La Unión Europea consideró que la condena este viernes de “prominentes figuras” a favor de la democracia en Hong Kong -por su participación pacífica en protestas– “pone en tela de juicio la voluntad de China de respetar sus compromisos internacionales” y puede afectar “las relaciones” entre el bloque supranacional y el gigante asiático.

“Estos acontecimientos en Hong Kong ponen en tela de juicio la voluntad de China de respetar sus compromisos internacionales, pueden socavar la confianza y afectar las relaciones entre la UE y China”, afirmó la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Massrali.

Entre los diez condenados se encuentra el magnate hongkonés de la prensa Jimmy Lai, un prominente crítico del régimen de Beijing. Lai pasará 14 meses en prisión por organizar y participar en dos manifestaciones no autorizadas durante la oleada de protestas antigubernamentales que azotaron la ciudad en 2019.

Las condenas más duras son de entre 8 y 18 meses, mientras que en cinco casos se dictaron penas de prisión condicional que van desde los 8 a los 12 meses. Estas últimas decisiones siguen a otras dos sentencias que tuvieron lugar el 13 de abril, recordó Massrali.

“El encarcelamiento prolongado de algunas de las personas por actos no violentos en el ejercicio de derechos cívicos protegidos es una señal más de la continua disminución del espacio democrático y la erosión de las libertades fundamentales en Hong Kong”, aseguró la portavoz del servicio que dirige el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.

“Debe garantizarse el ejercicio de las libertades fundamentales, incluida la reunión pacífica, como se garantiza en la Ley Fundamental de Hong Kong y en la Declaración conjunta chino-británica”, concluyó Massrali.

Además del magnate de la prensa fueron condenados, entre otros, Martin Lee, uno de los abogados más conocidos de Hong Kong, la letrada Margaret Ng y los activistas Albert Ho y Leung Yiu-chung.

El pasado 1 de abril, Lai y los otros activistas fueron declarados culpables -o se declararon culpables previamente- de organizar y participar en una de las protestas prodemocracia que acapararon los titulares mundiales durante meses. La manifestación en particular tuvo lugar el 18 de agosto de 2019.

La Policía solo había autorizado una concentración en el céntrico Victoria Park ese día, pero los convocantes decidieron proceder con su plan original y la manifestación desembocó en una marcha que los abogados defensores justificaron al asegurar que sus clientes pretendían evitar aglomeraciones.

Los organizadores aseguraron que la manifestación del 18 de agosto congregó a 1,7 millones de personas.

Estas manifestaciones se enmarcaron en la oleada de protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Hong Kong durante la segunda mitad de 2019 a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición que, según varios sectores críticos con el Gobierno, habría abierto la puerta a que residentes de Hong Kong pudieran ser extraditados a la China continental para ser juzgados allí.

Tras meses de protestas, Beijing eliminó el proyecto de ley. Pero menos de un año después sancionó una “ley de seguridad” que socava profundamente la autonomía de la isla y le otorga amplias facultades para reprimir una variedad de conductas que Beijing considera crímenes políticos.

Bajo la nueva ley, dañar los edificios gubernamentales sería considerado un acto de subversión que amerita cadena perpetua en casos “graves”. El sabotaje al transporte sería una actividad terrorista punible con cadena perpetua si perjudica a otras personas o causa destrozos significativos a la propiedad, pública o privada.

Los cuatro delitos principales previstos por la ley –separatismo, subversión, terrorismo y colusión con potencias extranjeras– se formulan de manera ambigua y otorgan poder extenso a las autoridades para atacar a activistas que critican al partido, dicen los activistas.

Bajo la legislación, el gobierno central en Beijing puede intervenir en casos de seguridad nacional, especialmente durante crisis o si el caso es calificado como “complejo”. La ley abre la puerta a que los acusados en casos importantes comparezcan ante cortes en China continental, donde por lo general se aseguran los veredictos de culpabilidad y las penas son severas.