La OEA respondió a las críticas de Bolivia tras el arresto de Jeanine Áñez y exigió “juicios justos, creíbles e imparciales”

Por Infobae

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un extenso comunicado este miércoles luego de que el gobierno de Bolivia rechazara el pedido de la organización para que se deje en libertad a la ex presidenta interina Jeanine Áñez y anunciara que adelantará gestiones contra el secretario general, Luis Almagro, “por sus reprochables acciones”.

“La impunidad nunca es una opción para un pueblo”, remarcó la OEA en su escrito, al tiempo que volvió a “pedir juicios justos, creíbles e imparciales”.

“Son absolutamente necesarios (…) y en eso consiste la propuesta de la Secretaría General formulada recientemente”, remarcó.

“Respecto al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano emitido en el día de ayer, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desmiente los contenidos y repudia el tono represivo y amenazante del mismo, así como el afán de personalizar en Luis Almagro decisiones y posiciones institucionales de la Secretaría General”, comienza el comunicado.

Y continúa: “La Secretaría General reitera los hechos referidos en su comunicado y reafirma los cursos de acción recomendados. Se reafirma que es necesario dar justicia y debida reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde octubre de 2019 en adelante. Juicios justos, creíbles e imparciales son absolutamente necesarios al respecto y en eso consiste la propuesta de la Secretaría General formulada recientemente”.

Luego sostiene que “lamentablemente esta situación se ha agravado, lo cual afecta sustantivamente la credibilidad de los procesos en curso. Las acciones de cooptación de la justicia boliviana fueron ya señaladas públicamente cuando la OEA observó las elecciones del Poder Judicial en el país, que parecen en la actualidad consecuentes con la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS (el partido oficialista), así como amenazas de persecución judicial y hostigamiento judicial efectivo a políticos opositores al Gobierno”.

La OEA pidió por “un poder judicial independiente que asegure los derechos a la justicia, a un proceso regular, a la presunción de inocencia, a las debidas garantías judiciales consagradas, entre otros, en los artículos XVIII y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y dijo que “son también parte de los elementos de la democracia que compete a la Secretaría General promover y consolidar, como a todos los órganos y miembros de la OEA”.

La Secretaría General de la OEA consideró que “no son admisibles los juicios emitidos respecto a autoridad moral y ética por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores” y dejó en claro que “la participación de la Misión de Observación Electoral y de la Misión de Auditoría se realizaron por invitación del Estado Plurinacional de Bolivia, con acuerdos firmados entre la Secretaría General y el país, y no por ninguna ‘injerencia colonialista’, concepto completamente absurdo en este caso”.

“La impunidad nunca es una opción para un pueblo”, remarcó la OEA en su comunicado y subrayó que “es verdaderamente inaceptable y repudiable pretender que esos informes (los suyos) hayan generado violencia y convulsión social. La violencia y convulsión social ya estaba instalada en el país en forma inmediata al acto eleccionario del 19 de octubre de 2019″.

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El traslado de Jeanine Áñez a la Fiscalía de La Paz para que preste declaración

Luego hizo un repaso por las recomendaciones del organismo hacia Bolivia en los últimos meses de 2019, cuando el país estaba sumergido en una crisis política grave; y remarcó: “No es de recibo pretender que un informe documentado y probado genera hechos de violencia”.

También recordó que la Secretaría General “emitió comunicados llamando a la paz social y condenando la violencia durante ese período, así como hizo gestiones para la visita de la CIDH al país y posteriormente a la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que permitiera una investigación imparcial de lo ocurrido en el país. La Secretaría General siempre urgió las investigaciones de lo ocurrido”, destacó.

Por último, condenó “cualquier forma de amenaza expresada contra el Secretario General, funcionarios de la OEA o integrantes de las Misiones de Observación Electoral o de Auditoría que debieron abordar trabajos respecto a la situación institucional de Bolivia o sus procesos electorales”.

“En cuanto a la absurda acusación de la participación de la OEA en un golpe de Estado se reitera lo señalado el 10 de noviembre de 2019 -cuando se presentó el informe de la auditoría- respecto a que ‘la situación en el país exige a los actores gubernamentales (primordialmente) y políticos de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas′. Y agregaba que ‘asimismo, se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del Presidente Evo Morales’. La OEA fue la única organización regional o multilateral que solicitó que se respetara ese mandato constitucional”, recordó.

“En consecuencia con lo anterior, y con el afán indeclinable de que la verdad, la justicia y la no repetición sean el signo que paute la convivencia del pueblo boliviano, la Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata. La Secretaría General remitirá a la CPI también las conclusiones e informes del GIEI, ya que entiende que sin luz pública sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades individuales que pudieren corresponder no resultará posible hacer justicia respecto al pasado reciente en Bolivia”, concluyó.

Los dichos del gobierno boliviano

El Gobierno boliviano rechazó este martes el pedido de la OEA para que se deje en libertad a la ex presidenta interina Jeanine Áñez y a dos de sus ex ministros y anunció que adelantará gestiones contra el secretario general, Luis Almagro, “por sus reprochables acciones”.

La OEA manifestó en un comunicado anterior su inquietud “ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno” en Bolivia.

En ese sentido, el Gobierno de Luis Arce señaló que la OEA presenta “posiciones que denotan injerencia e intromisión en los asuntos internos” del país, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

La Cancillería “repudia las opiniones con las que Luis Almagro pretende dañar a un gobierno democráticamente elegido, cuando en su momento evitó pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, aplicando un doble rasero que intenta favorecer intereses de determinados grupos políticos”, señaló en un comunicado publicado este lunes.

La OEA exigió que se conforme una “comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de Gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad”, incluyendo la Administración de transición de Áñez.

El pasado domingo 7 de marzo el presidente Luis Arce no asistió al acto oficial de apertura de las elecciones subnacionales en el Tribunal Supremo Electoral, porque, según dijo, no hará presencia en ningún acto en el que esté la OEA.

Arce justificó su decisión por el “papel nefasto” de la OEA en las elecciones de 2019, que fueron anuladas entre denuncias de fraude a favor del entonces presidente Evo Morales, que había sido elegido para un cuarto mandato consecutivo, lo que derivó en una grave crisis en el país.

Acciones contra Almagro

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó en la nota “que llevará adelante las iniciativas necesarias para que las reprochables acciones de Luis Almagro no queden impunes”.

En la misma línea el jefe de bancada en el Senado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Flores, anunció que presentará un proyecto de declaración parlamentaria rechazando “la injerencia del secretario general de la OEA”.

Flores criticó que Almagro “pretenda convulsionar el país con sugerencias a la administración judicial (…) está cuestionando al poder judicial”.

Asimismo el ex presidente Evo Morales señaló en su cuenta de Twitter que “las declaraciones de Almagro son un nuevo atentado a la democracia: niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia”.

Una jueza decidió el pasado domingo enviar a prisión por cuatro meses como medida preventiva, a la ex presidenta interina y a los ex ministros transitorios de Justicia Álvaro Coímbra y de Energía Rodrigo Guzmán.

Áñez fue trasladada este lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes mientras se lleva a cabo la investigación por el caso conocido como “golpe de Estado”.

El comunicado completo de la Secretaría General de la OEA sobre Bolivia

17 de marzo de 2021

Respecto al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano emitido en el día de ayer, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desmiente los contenidos y repudia el tono represivo y amenazante del mismo, así como el afán de personalizar en Luis Almagro decisiones y posiciones institucionales de la Secretaría General.

La Secretaría General reitera los hechos referidos en su comunicado y reafirma los cursos de acción recomendados. Se reafirma que es necesario dar justicia y debida reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde octubre de 2019 en adelante.

Juicios justos, creíbles e imparciales son absolutamente necesarios al respecto y en eso consiste la propuesta de la Secretaría General formulada recientemente. Entre otras cosas teniendo en cuenta informes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señalaban durante el gobierno de Evo Morales que “El Comité reitera sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/79/Add.74, párr. 19) y observa con preocupación que persisten los informes según los cuales las injerencias políticas y la corrupción en el sistema judicial son generalizadas.”

Lamentablemente esta situación se ha agravado, lo cual afecta sustantivamente la credibilidad de los procesos en curso.

Las acciones de cooptación de la justicia boliviana fueron ya señaladas públicamente cuando la OEA observó las elecciones del Poder Judicial en el país, que parecen en la actualidad consecuentes con la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial y hostigamiento judicial efectivo a políticos opositores al Gobierno.

Por otra parte, un poder judicial independiente que asegure los derechos a la justicia, a un proceso regular, a la presunción de inocencia, a las debidas garantías judiciales consagradas, entre otros, en los artículos XVIII y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son también parte de los elementos de la democracia que compete a la Secretaría General promover y consolidar, como a todos los órganos y miembros de la OEA.

La Secretaría General de la OEA considera que no son admisibles los juicios emitidos respecto a autoridad moral y ética por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, la Secretaría General desea dejar claro que la participación de la Misión de Observación Electoral y de la Misión de Auditoría se realizaron por invitación del Estado Plurinacional de Bolivia, con acuerdos firmados entre la Secretaría General y el país, y no por ninguna “injerencia colonialista”, concepto completamente absurdo en este caso.

Las Misiones de la Organización se realizan en el terreno solamente a invitación del Estado Parte y con la firma del correspondiente acuerdo de inmunidades y privilegios.

También se reitera que las conclusiones de estas misiones se basan en la observación y constatación de hechos debidamente probados y documentados, adhiriendo a los más altos estándares de observación. Su actuación ha sido positivamente valorada en todas las ocasiones en los pasados años que debió observar elecciones en países del hemisferio.

Los cursos de acción señalados en el comunicado de la Secretaría General tienen que ver con garantizar la independencia de la Justicia y las garantías del debido proceso, con el fin de evitar una lógica discriminatoria por la cual se lincha a unos y se absuelve a otros de una forma políticamente selectiva.

Las Comisiones internacionales de lucha contra la corrupción han sido y son un importante instrumento de lucha contra la corrupción a nivel regional, garantizando ecuanimidad y equilibrio más allá de las condiciones generadas por el ejercicio del poder.

Por otra parte, la Corte Penal Internacional (CPI) constituye un instrumento de justicia absolutamente necesario aún para la comunidad internacional. La Secretaría General considera que la CPI tiene un papel fundamental para juzgar violaciones sistemáticas de derechos humanos que se hayan producido en Bolivia, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata.

La impunidad nunca es una opción para un pueblo.

Ambos institutos constituyen un camino de paz y no de violencia, un camino de justicia y no de impunidad. Son instrumentos de soberanía porque aseguran al Pueblo, el único soberano, justicia y no sumisión a los arbitrios del poder.

La Secretaría General reitera su apoyo a las Misiones de Observación Electoral, y especialmente reitera su reconocimiento al trabajo de la MOE que observó las elecciones en Bolivia en octubre de 2019, así como a la Misión que realizó la auditoría integral de dicho proceso electoral. Las observaciones realizadas fueron debidamente documentadas y probadas en las dos ocasiones, siendo absolutamente falso que no cumplió con los estándares exigidos y que emitió un informe sin pruebas y manipulado. Por el contrario, las evidencias son contundentes y en ese sentido invitamos al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a reunirse con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), para mejor informarse de las pruebas recabadas y de los contenidos de la observación, adjuntándose al presente comunicado algunas de las conclusiones de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia.

Es verdaderamente inaceptable y repudiable pretender que esos informes hayan generado violencia y convulsión social. La violencia y convulsión social ya estaba instalada en el país en forma inmediata al acto eleccionario del 19 de octubre de 2019.

La MOE en ese sentido señaló que “Los observadores de la OEA constataron que la violencia obligó a interrumpir el proceso de cómputo en seis departamentos: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Beni. En Potosí, Pando y Tarija, la infraestructura del Tribunal Electoral Departamental (TED) fue incendiada completamente, al igual que las instalaciones del Servicio del Registro Cívico en Potosí y Chuquisaca.” El 6 de noviembre de 2019, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia condenó rotundamente “los actos de violencia que se han registrado en varios puntos del país durante los últimos días y hace un llamado urgente a la calma. La violencia no tiene lugar en democracia, por eso la Misión exhorta a todos los actores políticos y sociales, así como a la ciudadanía en general, a esperar con serenidad y en un ambiente pacífico los resultados de la auditoría que lleva a cabo un equipo técnico de la Secretaría General de la OEA.”

El 10 de noviembre de 2019 la Secretaría General de la OEA indicaba que “Lo más valioso a tener presente en estas horas es el derecho a la vida de los bolivianos y evitar cualquier enfrentamiento violento entre compatriotas.”

El 12 de noviembre se afirmaba ante el Consejo Permanente de la Organización que “Condenablemente, este proceso no estuvo exento de violencia, de la peor, de un lado y del otro, violencia absolutamente condenable. El odio y los discursos de odio deben ser erradicados, el odio y la violencia entre los bolivianos deben ser erradicados. No puede haber un proceso que le cueste al pueblo de Bolivia muertos y heridos y sufrimientos. El odio transformado en violencia tiene un costo muy alto para el pueblo y debe ser detenido inmediatamente.”

No es de recibo pretender que un informe documentado y probado genera hechos de violencia.

En ese sentido la Secretaría General además emitió comunicados llamando a la paz social y condenando la violencia durante ese período, así como hizo gestiones para la visita de la CIDH al país y posteriormente a la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que permitiera una investigación imparcial de lo ocurrido en el país. La Secretaría General siempre urgió las investigaciones de lo ocurrido.

Se estima oportuno reiterar que la Secretaría General ha adoptado como norma general hacer suyos los comunicados e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre, considerando que los mismos la obligan en sus conclusiones (como también la obligan institucionalmente los informes de las MOEs), así como las resoluciones aprobadas en la Asamblea General y el Consejo Permanente de la Organización.

La Secretaría General de la OEA continuará llevando adelante sus acciones en el marco de los principios fundamentales de la Carta de la OEA y otros instrumentos aprobados por los Estados miembros para promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención en el continente.

Tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática Interamericana le dan, a su vez, medios para que la Secretaría General pueda ejercer estas obligaciones. De ninguno de ellos se ha apartado.

Por todo ello, reiteramos al gobierno nuestras propuestas, que tienen como único propósito el de fortalecer las instituciones para el fortalecimiento del estado de derecho, seguros que con ellos no hacemos más que cumplir con las obligaciones que nos imponen las normas interamericanas.

La Secretaría General de la OEA condena cualquier forma de amenaza expresada contra el Secretario General, funcionarios de la OEA o integrantes de las Misiones de Observación Electoral o de Auditoría que debieron abordar trabajos respecto a la situación institucional de Bolivia o sus procesos electorales.

En cuanto a la absurda acusación de la participación de la OEA en un golpe de Estado se reitera lo señalado el 10 de noviembre de 2019 -cuando se presentó el informe de la auditoría- respecto a que “La situación en el país exige a los actores gubernamentales (primordialmente) y políticos de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas. Y agregaba que “Asimismo, se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del Presidente Evo Morales.” La OEA fue la única organización regional o multilateral que solicitó que se respetara ese mandato constitucional.

En consecuencia con lo anterior, y con el afán indeclinable de que la verdad, la justicia y la no repetición sean el signo que paute la convivencia del pueblo boliviano, la Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata.

La Secretaría General remitirá a la CPI también las conclusiones e informes del GIEI, ya que entiende que sin luz pública sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades individuales que pudieren corresponder no resultará posible hacer justicia respecto al pasado reciente en Bolivia.