La ONU concluyó que hubo un “elevado número de violaciones a los derechos humanos” durante las protestas en Chile

La oficina de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet denunció este viernes un “elevado número de violaciones de derechos humanos” por la represión policial a las protestas en Chile, al presentar un informe sobre la situación en el país sudamericano.

“Estas violaciones incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias”, afirma un comunicado de prensa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que estuvo en Chile tres semanas de noviembre para investigar la situación en siete regiones de Chile.

Human Rights Watch reportó que el número de muertos en el marco de las protestas asciende a 26. Y la oficina asegura que documentó “cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del estado”.Al especificar sobre la violencia ejercida por Carabineros, el informe describió una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos.

Entre ellas se encuentran el uso indebido e indiscriminado de armas no letales para dispersar marchas pacíficas y durante los enfrentamientos; la no distinción entre manifestantes violentos y aquellos que protestaban pacíficamente, y la cantidad “alarmantemente alta” de personas con lesiones en los ojos en la cara, algo que»da cuenta de esta grave violación».

“Preocupa en particular el uso de perdigones que contienen plomo”, explicó el informe en sus conclusiones.Estas conductas, agregó, se ha llevado a cabo “de manera fundamentalmente represiva” y han sido sostenidas.

“La ACNUDH ha podido observar que ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”, describió.

“En cuanto a responsabilidades individuales en la policía, no podemos sacar conclusiones”, afirmó Imma Guerras-Delgado, jefa del equipo de misión en Chile, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Esta semana, el presidente chileno Sebastián Piñera reconoció la existencia de “atropellos a derechos humanos” durante las protestas y anunció una serie de reparaciones a las víctimas.

Entre ellas se cuentan iniciativas públicas para acompañar a mujeres que denunciaron violencia sexual y jóvenes que denunciaron que sus derechos fueran vulnerados, así como el compromiso de revisar la forma en que se regula el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Al tope del plan, no obstante, se encuentra un “Plan integral de recuperación ocular”: propuesto días atrás, brinda atención gratuita a cientos de personas con lesiones oculares, incluyendo la cobertura de prótesis en los casos que sea necesario, así como asistencia psicológica, y de inserción social y laboral.

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ascienden a 352 las personas que han sufrido lesiones oculares durante las protestas. En 21 casos la persona sufrió el estallido o la pérdida de su globo ocular, y dos perdieron la visión por completo.

El informe también contiene un apartado sobre maltratos a las personas que fueron arrestadas o detenidas. Muchos de ellos, indicó, equivalen a torturas. Entre los ejemplos citaron la simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían “desaparecidas”.

“Muchos de 32 estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”

En cuanto a la violencia sexual ejercida, la oficina explicó que “Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI han sufrido formas específicas de violencia sexual (incluida la desnudez forzada), principalmente relacionadas con las detenciones”. “También se han documentado casos graves de violencia sexual contra hombres y adolescentes”, agrega.

Durante su misión, el equipo documentó “113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de carabineros y militares”.

La ONU precisó que el equipo se reunió con “más de 300 miembros de la sociedad civil” y realizó “235 entrevistas a víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos”, así como también “60 entrevistas a oficiales de Carabineros de Chile”.

Entre las recomendaciones 21 recomendaciones al Estado de Chile, se destacan las siguientes:

“Asegurar que las personas puedan, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión, sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos”.

“Poner fin de inmediato al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones. Estas deben utilizarse solo con munición autorizada y conforme con los estándares internacionales relevantes”.

“Asegurar que el mantenimiento de la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos policiales civiles. Cuando militares excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, su participación debe ser: a) temporal y restringida; b) subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; c) regulada y d) fiscalizada por órganos civiles competentes”.

“Asegurar de que las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas,así como personas que brindan asistencia en el contexto de las manifestaciones, puedan llevar a cabo su trabajo sin restricciones ni temor a represalias”.

Adoptar las medidas y acciones necesarias para asegurarse que no ocurran violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de manifestaciones, en particular con respecto a la tortura y la violencia sexual, especialmente por parte de las fuerzas de seguridad

En cuanto a Carabineros en particular, el informe concluyó que es necesario que la fuerza tenga supervisión civil y monitoreo independiente de sus actividades; los agentes estén debidamente identificados; el fortalecimiento de los sistemas de registros de detención; capacitaciones sobre el uso de medios no violentos para el manejo de situaciones como las que tuvieron lugar en el país; y la inclusión en sus regulaciones internas de medidas específicas para personas y grupos discriminados, en particular personas con discapacidad.

La oficina de Bachelet propone ahora crear un mecanismo de seguimiento para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas en este informe.

“Este mecanismo de seguimiento debería tener como propósito establecer medidas para prevenir que se repitan esos hechos tristes y preocupantes en los que Chile se ha visto sumergido en los últimos dos meses”, indicó Bachelet, citada en un comunicado.