Fuerzas de choque de Daniel Ortega atacaron a obispos y miembros de la Iglesia en Nicaragua

09 julio 18

Seguidores sandinistas agredieron con piedras y gases lacrimógenes a religiosos

Fuerzas de choque de Daniel Ortega atacaron a obispos y miembros de la Iglesia en Nicaragua

 

Por: Infobae

La iglesia Católica denunció este lunes nuevos ataques del régimen de Daniel Ortega en las ciudades del norte y Pacífico de Nicaragua, que dejaron como resultado un muerto y una vivienda incendiada.

Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) decidieron viajar hacia el departamento de Carazo (Pacífico), que sufrió ataques de las fuerzas de choque del régimen -conocidas como turbas- por segundo día consecutivo en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, con la misión de intentar disuadir a las autoridades para que dejen de agredir a la población.

Un ambiente tenso se vivió este lunes especialmente en Diriamba, donde un grupo de nueve paramédicos tuvo que atender a los heridos en la basílica San Sebastián, donde seguidores de Ortega agredieron con piedras y bombas lacrimógenas a religiosos y periodistas.

Entre los agredidos se destaca monseñor Silvio Báez.

En la basílica también se encuentra un grupo de franciscanos que quedó encerrado mientras llevaba alimentos a los paramédicos.

Por su parte, dignatarios de la Iglesia Católica, que intentan mediar en la crisis, fueron recibidos en Diriamba con fuertes insultos y acusaciones. La caravana presidida por el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag fue abordada por los seguidores de Ortega.

Los religiosos fueron rodeados al llegar a esa localidad y con dificultad avanzaron hacia la basílica donde un grupo de pobladores permanece rodeado por paramilitares que les impiden salir desde el domingo.

En el ataque del domingo a Diriamba y Jinotepe fallecieron al menos 11 personas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
«Vengan para que sean testigos del terror y la barbarie que cometen muchas personas llenas de odio, este tipo de acciones no pueden ser justificadas», señaló esta madrugada en redes sociales el sacerdote Erick Díaz, párroco de la ciudad de Matiguás, ubicada a 164 kilómetros al norte de Managua.

Díaz se refería a la vivienda del líder local del Movimiento 19 de Abril de Matiguás, que fue incendiada por las «fuerzas combinadas» del régimen -integradas por los cuerpos de seguridad y los grupos paramilitares-, en un ataque realizado esta madrugada en el departamento (provincia) de Matagalpa.

Horas después el Movimiento 19 de Abril de Rancho Grande, también en Matagalpa, reportó la muerte del joven Dixon Barrera, cuyo cuerpo apareció tirado en un río, con una bala en el lado izquierdo del pecho, mientras las «fuerzas combinadas» merodeaban la ciudad.

Los últimos fallecidos se suman a los 310 reportados la semana pasada por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), han responsabilizado al régimen de Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.

La CIDH ha señalado «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.

Estos ataques han ocurrido pocas horas antes del esperado reinicio, este lunes, del diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica, que representa a la población, con el fin de superar la crisis.

También después de Ortega dijo el sábado ante afectos que no acepta adelantar las elecciones generales, la propuesta presentada por la Alianza Cívica en la mesa de diálogo como vía para superar la crisis.

El país centroamericano está sumergido en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

Etiquetas de esta nota