Contraloría urge a Conavi tomar decisiones sobre futuro de carretera a San Carlos

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

La Contraloría General de la República (CGR) alzó la voz una vez más con respecto a la escasa planificación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en el proyecto de la nueva carretera a San Carlos.

El ente contralor indicó en el 2015 que la construcción carecía de controles adecuados y de una planificación que permita un buen desarrollo de la obra. Dos años después, la misma posición persiste.

Según se indica en un documento remitido al Conavi, la carretera entre Sifón y La Abundancia sigue manteniendo un alcance indeterminado, y continúa pendiente la definición, la programación y el presupuesto del trabajo necesario para finalizar el proyecto.

La gerente de Infraestructura de la Contraloría, Marcela Aragón, señaló que esta situación provoca incertidumbre en el costo de la obra, así como en su fecha de finalización.

En total, la Contraloría puso seis condiciones al Conavi para avalar cualquier trámite adicional que requiera de refrendo. Entre estos destaca contar con estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, estructurales y topográficos; necesarios para realizar los diseños pendientes y determinar la afectación ambiental que deba atenderse.

Además, definir qué diseños adicionales y expropiaciones se requieren, diseñar un sistema para verificar los procesos y la calidad de las obras y establecer qué medidas se requieren para valorar los riesgos asociados con la estabilidad y vida útil de la carretera.

El presidente de la Asociación Pro Carretera a San Carlos, Víctor Lizano, espera que los señalamientos de la Contraloría sirvan al Conavi para realizar correcciones a tiempo, sin que esto genere mayores atrasos en la obra.

La Contraloría hizo un llamado al Conavi para que tome decisiones con respecto a la obra, y remita una decisión en los próximos 15 días que garantice la satisfacción del interés público y que proteja la Hacienda Pública.

El contrato con la empresa constructora del proyecto finalizará en marzo del 2018, momento en que la institución podría no renovarlo sin tener que pagar alguna indemnización.