Sindicato judicial condiciona posible huelga a ayuda de bancada liberacionista

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

La pugna de los empleados judiciales por evitar una reforma radical a su plan de pensiones continúa en el tapete.

Semanas atrás los agremiados anunciaron su intención de paralizar todos los servicios judiciales del país si no se retira de la corriente legislativa un plan propuesto por la Superintendencia de Pensiones (Supen).

Esta entidad calculó un déficit de alrededor de ¢5,3 billones en el sistema actual de pensiones judiciales y propuso una serie de cambios a los que se oponen los sindicatos, entre los cuales destaca que se fije un tope máximo de ¢3,9 millones mensuales a las jubilaciones.

Ahora los funcionarios condicionan su posición a la ayuda del Partido Liberación Nacional (PLN), y señalan que darán tiempo hasta este lunes para que los legisladores verdiblancos cumplan con su promesa de retirar el plan promovido por Supen.

El directivo de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), Álvaro Castro, manifestó que, de no retomar el proyecto anterior, en el cual se tomó en cuenta a los frentes gremiales, irán a una huelga indefinida durante esta misma semana.

Por su parte el diputado liberacionista, Rolando González, comentó que tanto él como su compañero de bancada Ronny Monge apoyan la idea de retirar el proyecto de la Supen.

Eso sí, aclaró que será hasta horas de la tarde cuando sepan si el resto de la fracción apoya su compromiso con los funcionarios del Poder Judicial.

El descontento con el plan impulsado por la Superintendencia fue inclusive manifestado por la Corte Plena semanas atrás, pese a que había indicado que se mantendría al margen de lo que decidieran los diputados con respecto al régimen de pensiones judicial.

Otra de las modificaciones que impulsa la Supen es que el tope de edad para pensionarse sea de 65 años, y no de 62. Además, que el monto de la pensión se calcule con base a un promedio del 80% de los salarios devengados durante la vida laboral, y que ninguna pensión sea mayor a diez salarios base del puesto de menor salario en el Poder Judicial.