Contraloría detecta irregularidades: Ayudas a personas fallecidas y hogares con altos ingresos

Por Alejandro Meléndez Díaz

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La Contraloría General de la República (CGR) identificó serias irregularidades en el impacto que tienen los recursos que al menos 25 instituciones públicas trasladan a unas 300 entidades privadas para que atiendan población vulnerable. Los datos indican que, entre 2024 y el primer semestre del 2025, se depositaron más de ¢146 mil millones a 313 sociedades para el abordaje de niños, adolescentes, farmacodependientes, adultos mayores, familias en pobreza, entre otros.

Por ejemplo, la Contraloría un 39,2% de los beneficiarios finales de esos recursos no ha sido registrado en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el 22,3% de quienes sí están en Sinirube no cuentan con información sobre su condición de pobreza; al tiempo que más de 2500 son clasificados como no pobres y no vulnerables.

Carolina Retana, Gerente de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la Contraloría, mencionó que también hay muchos desajustes en la información que se le brinda a las instituciones públicas que envían los recursos.

Otro de los hallazgos tiene que ver con población adicta a drogas. Encontraron que 72 personas atendidas vienen de hogares que promedian un ingreso mensual superior a ¢1 millón 200 mil, incluso el caso de un beneficiario proveniente de una vivienda con ¢7 millones y medio de ingresos por mes.

Retana comentó otras debilidades que tienen sobre este sistema de transferencias.

Además, según el ente contralor, se reportó la atención de 2103 personas con recursos de la Junta de Protección Social (JPS) entre 2024 y el primer semestre de 2025 que ya habían fallecido; incluso, se detectó a una persona con más de 40 años de su deceso.

Se intentó conocer una posición del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.