Récord de represión en Cuba: 1.250 presos políticos, familias divididas y criminalización de la protesta pacífica

Por Infobae

La cifra de presos políticos en Cuba alcanzó un máximo histórico de 1.250 personas a finales de marzo, según el último informe de Prisoners Defenders presentado este jueves. El reporte advierte sobre el aumento de mujeres y menores entre los detenidos, y describe la consolidación de patrones de represión sistemática.

“Solo en marzo, tras cientos de detenciones arbitrarias, Prisoners Defenders pudo verificar 44 nuevos presos políticos por protestar o expresarse. Ciudadanos humildes y, en su inmensa mayoría, sin afiliación política conocida. Con ello, la cifra total se sitúa en un récord histórico de represión con 1.250 prisioneros políticos”, afirmó el presidente de la ONG, Javier Larrondo, en diálogo con Infobae.

Cuba registra hoy su mayor número de prisioneros políticos desde 2021. El informe detalla que hubo 205 nuevos casos en los últimos 12 meses, con un impacto directo sobre mujeres, menores, periodistas, activistas y familias completas, en un contexto de criminalización de la protesta y la libertad de expresión.

“Cuba alcanza, además, un nuevo récord de presas políticas, con 145 mujeres condenadas por motivos políticos. De la lista actual, al menos 33 personas fueron detenidas siendo menores de edad, dos más incorporadas este mes”, puntualizó el activista a este medio.

La represión afecta con especial gravedad a los colectivos más vulnerables, en particular a las prisioneras políticas y los menores detenidos. De los 44 nuevos casos en marzo, 13 corresponden a mujeres, lo que eleva el total a 145 y evidencia el impacto en hogares y familias, con hijos en situación de orfandad forzosa.

“Además de la represión, la tortura y las cifras récord de prisión política, las condenas son extremadamente severas: 217 manifestantes han sido castigados por sedición a una media de 10 años, y los menores de la lista soportan penas medias de cinco años”, remarcó Larrondo.

Entre los ejemplos de represión familiar figura el caso de Anna Sofía Benítez Silvente, creadora digital de 21 años, y su madre, Caridad Silvente Laffita. Ambas estuvieron bajo reclusión domiciliaria en marzo tras grabar y difundir actuaciones policiales en redes sociales, un método empleado para silenciar el activismo digital.

Prisoners Defenders registró que, si bien las medidas restrictivas se archivaron ante la presión pública, las autoridades advirtieron que podrían retomar el procesamiento si disminuye la atención internacional. “La imputación surgió únicamente después de la actuación policial, sin justificación penal previa. Es un método recurrente en Cuba: provocar el contacto con la víctima, fabricar después una narrativa delictiva y utilizarla como base para la detención y el procesamiento”, describió Larrondo.

También se documentaron detenciones contra familiares de presos políticos. Elvira Rodríguez Pérez, de más de 80 años, y su hija Yunisleydis Coa Rodríguez fueron arrestadas tras reclamar la liberación de un pariente. En Cuba, el simple acto de pedir la excarcelación de un familiar puede dar lugar a la detención de toda la familia.

Prisoners Defenders verificó detenciones arbitrarias, incomunicación, tortura, negación del derecho de defensa y el uso de figuras penales ambiguas denunciadas internacionalmente.

Estas prácticas afectan tanto a manifestantes como a quienes documentan y difunden el descontento en redes sociales o en la prensa independiente. “Los hechos documentados evidencian un patrón sistemático de detenciones sin orden de arresto, sin intervención judicial, incomunicación, torturas, negación del derecho de la defensa y un larguísimo etcétera”, denunció Larrondo en su contacto con este medio.

El informe señaló que las operaciones represivas durante marzo se intensificaron en provincias como La Habana y Ciego de Ávila, con la participación de organismos como los Boinas Negras en redadas a familias completas. “En Ciego de Ávila había 200 personas detenidas después de los eventos de Morón. El informe documenta, además, una represión familiar que no tiene límites”, precisó el titular de Prisoners Defenders.

El Estado ha reforzado la criminalización de la protesta digital y la persecución de quienes denuncian abusos. El caso de la mencionada Anna Sofía Benítez Silvente y su madre ilustra cómo las autoridades fabrican relatos delictivos para justificar el procesamiento penal de activistas tras el contacto inicial con la policía.

También se agrava la represión contra periodistas independientes y creadores digitales, con detenciones y medidas cautelares por participar en protestas o documentar problemáticas sociales.

El reporte identificó 447 presos políticos con enfermedades graves, derivadas o agravadas por la falta de atención médica, tortura y malnutrición dentro de las cárceles. Además, 47 presentan trastornos mentales severos y carecen de tratamiento adecuado.

“Este mes hemos realizado un estudio sobre los presos que podrían fallecer de no salir de prisión de inmediato. Hemos listado 32 que, de no ser excarcelados, pueden morir en menos de 12 meses o sufrir daños irreversibles”, advirtió Larrondo.

Ante esta situación, la organización señaló los casos urgentes que requieren excarcelación inmediata para evitar daños mayores o riesgo de muerte: 21 personas con enfermedades críticas, cuatro madres con hijos menores en orfandad forzosa y siete prisioneros con afecciones psiquiátricas graves.

Entre los ejemplos citados figuran personas como Lisandro Betancourt Escalona, detenido desde 1989 y afectado por múltiples enfermedades físicas, o madres como Lizandra Góngora Espinosa, separada de sus cuatro hijos menores e incluida en la lista de urgencia humanitaria.

El llamado de Prisoners Defenders se dirigió a la comunidad internacional. Larrondo sostuvo: “La labor de la prensa, muy importante, ante la ausencia de defensa pública del pueblo de Cuba por parte de la Comisión Europea o gobiernos como el de España, es la única tabla de salvación que muchos cubanos tienen. Y lo tienen solo por no aguantar callados un estado de represión y miseria sin igual. Simplemente, alzan sus voces”.

El aumento récord de presos políticos, impulsado por la criminalización de la protesta pacífica y la represión de la libertad de expresión, desembocó en una oleada de detenciones que afecta en especial a mujeres, menores y núcleos familiares. Son estos, junto con periodistas y activistas, los sectores más vulnerables frente a la represión institucionalizada y la ausencia de garantías procesales.

“La comunidad internacional tendrá que tomar una decisión. Esto se llama responsabilidad de proteger. Tendrán que tomar una decisión o serán cómplices, todos, por omisión de la tortura de todo un pueblo”, concluyó Larrondo.