Bancos piden ajustes al proyecto que los obliga a responder por estafas electrónicas y advierten impacto en el sistema financiero
26 febrero 26Iniciativa fue aprobada en primer debate
Por: Fernanda Romero
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras (CBF) solicitaron ajustes técnicos al proyecto aprobado en primer debate que obliga a los bancos a responder por el dinero sustraído en estafas informáticas y que, además, establece que corresponde a la entidad financiera demostrar que actuó correctamente, sin trasladar esa carga de prueba a la persona afectada.
La ABC afirmó que las estafas electrónicas responden al crimen organizado y que el proyecto no incorpora todos los criterios técnicos necesarios, ya que no establece responsabilidades para los delincuentes. Con ello marcó un cambio de postura, pues antes había resaltado el “equilibrio” del texto y la atención de sus observaciones. Ahora advierte que la propuesta omite la figura de la culpa grave, elemento que considera clave para definir con mayor precisión cuándo procede una indemnización.
Adalid Medrano, experto en derecho informático, mencionó algunas debilidades que, según su criterio, tiene la iniciativa.
Por su parte, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras (CBF) señaló que trasladar de forma amplia o prácticamente automática la responsabilidad económica a las entidades financieras no desarticula las redes criminales que operan detrás de las estafas electrónicas.
Además, la Cámara advirtió que una responsabilidad económica amplia podría traducirse en mayores costos operativos para las entidades financieras, lo que eventualmente impactaría en comisiones, condiciones de crédito y tasas de interés. También alertó sobre el riesgo de exclusión financiera si el acceso al crédito formal se encarece o restringe.
No obstante, el experto también indicó que pese a los aspectos de mejora este proyecto de ley representa un importante avance hacia la protección del usuario financiero ante las estafas informáticas.
Tanto la Asociación Bancaria Costarricense como la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras reiteraron que no se oponen a fortalecer la protección de los consumidores, pero insistieron en que cualquier reforma debe construirse con equilibrio, proporcionalidad y criterios técnicos claros.
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