Gobierno confirma que Estados Unidos canceló las visas a 5 personas más

Pablo Serrano Campos
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El Gobierno confirmó que Estados Unidos canceló las visas de cinco personas más, elevando a siete el total de afectados por la medida. Entre ellos se encuentran las diputadas del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando y Cinthya Córdoba.

Las nuevas cancelaciones incluyen a Ana Sofía Machuca, auditora del ICE; Douglas Quesada, jefe de Desarrollo y Construcción de la Red del ICE; Jaime Palermo, gerente de Telecomunicaciones entre 2014 y 2019; Carlos Mecutchen, quien ocupó el mismo cargo de 2013 a 2014; y Yang Peng, gerente y apoderado generalísimo de Huawei Technologies Costa Rica.

Durante su visita a Costa Rica el 4 de febrero, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió sobre posibles sanciones a funcionarios que colaboren con actores extranjeros que representen un riesgo para la ciberseguridad.

En 2023, el Gobierno de Costa Rica estableció que solo empresas de países firmantes del Convenio de Budapest pueden participar en contratos de redes 5G, excluyendo a Huawei, ya que China no forma parte del acuerdo.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió a este tema e indicó quienes son las personas a las que se le canceló la visa.

Asimismo, El Presidente Chaves y Paula Bogantes, ministra del MICITT, explicaron los procesos judiciales en contra de algunos de estas personas.

Las autoridades acusan a Ana Sofía Machuca Flores, auditora interna del ICE, de incumplimiento de deberes, influencia en contra de la hacienda pública y fraude de ley. Los mismos cargos pesan sobre Douglas Eduardo Quesada Zúñiga, Carlos Mekuchen Aguilar, Jaime Palermo Quesada y Luis Diego Abarca Hernández, quienes además enfrentan imputaciones por fraude de ley en función administrativa y tráfico de influencias.

Además, la denuncia también señala a Huawei Technologies Costa Rica S.A., a la que se le atribuyen delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia en contra de la hacienda pública.

La auditora del ICE calificó esta medida como una acción intimidante y un atentado contra la soberanía y libertad de expresión.