Un juez de Estados Unidos ordenó el decomiso definitivo del avión venezolano retenido en Ezeiza

Por Infobae

El juez federal de Estados Unidos Randolph Moss ordenó el decomiso definitivo del avión venezolano-iraní que se encuentra retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 6 de junio del año pasado. La orden, fechada el 3 de mayo, ahora debería ser enviada al juez federal Federico Villena a través del Ministerio de Justicia.

“Por la presente se ordena que la petición del demandante del fallo en rebeldía y la orden de decomiso se conceda”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Y agrega: “Asimismo, se ordena dictar sentencia en rebeldía contra la Empresa de Transporte Aérocargo del Sur S.A. (”EMTRASUR”) y todas las personas o entidades que reclamen un interés en la Propiedad Demandada”.

Ese Boeing 747-300 -matrícula YV-3531- fue utilizado por Irán, según reveló Infobae, para apoyar las operaciones terroristas de Hezbollah en Medio Oriente, una organización armada que fue clave para cometer los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

En octubre del año pasado, la Corte de Columbia había iniciado el proceso decomiso de la aeronave por entender que se trata de un bien obtenido de manera ilegal, ya que fue adquirido por la empresa Emtrasur violando las leyes norteamericanas. Pero el Gobierno dilató la entrega del exhorto al juzgado federal de Lomas de Zamora. El exhorto llegó el 26 de octubre, y todavía está en poder del Gobierno.

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El presidente Alberto Fernández instruyó al ministro de Justicia Martín para que preparen un pedido de informe dirigido a la Corte de Columbia destinado a conocer quien dispone el decomiso del avión venezolano-iraní. Ese informe ya fue enviado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, que actúa como intermediario formal con el tribunal que solicitó decomisar la nave que utiliza Teherán para apoyar las operaciones terroristas de Hezbollah.

Unos meses antes, un juez de Columbia también había pedido el registro del avión para obtener una serie de pruebas. Ese pedido, que fue enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pasó por el Ministerio de Justicia argentino, tenía tres puntos centrales: 1) Incautación/retención del Boeing, 2) Entrega de la orden de incautación, y 3) Cateo del Boeing. El juez federal Federico Villena, que tiene a cargo la causa local, hizo lugar a esos requerimientos y le encomendó la tarea a la PSA y al FBI.

La causa que tramita en los Estados Unidos está basada en la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní Mahan Air a Emtrasur.

“La aerolínea iraní Mahan Air, también conocida como Mahan Airlines y Mahan Airways (Mahan Air), hizo una transferencia del Boeing a la aerolínea venezolana Empresa de Transporte Aérocargo del Sur, S. A. EMTRASUR) y, después, EMTRASUR reexportó el Boeing a destinos que incluyen Irán y Rusia, todo ello en violación de la ley estadounidense, específicamente la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones (en adelante ECRA, por sus siglas en inglés) de 2018, sección 4801 y siguientes del título 50 del Código de los Estados Unidos”, explica el pedido de colaboración que llegó a la Argentina en agosto.

Otro argumento que expuesto la justicia estadounidense es una Orden de Denegación Temporal (TDO) emitida por el Departamento de Comercio de ese país por la que se denegaban los privilegios de exportación de Mahan Air. “La TDO prohibía ampliamente a Mahan Air y/o a otras personas o empresas que actuaran para o en nombre de Mahan Air, directa o indirectamente, participar en cualquier transacción de exportación o comprar o vender cualquier artículo exportado o que fuera a ser exportado desde Estados Unidos y que estuviera sujeto a las EAR, como las aeronaves fabricadas en Estados Unidos”, detalla el pedido de colaboración.

Esa TDO es de 2018, pero se renovó varias veces. La última renovación fue el 13 de mayo de este año.

En la causa local, el juez Villena dictó, en octubre del año pasado, la falta de mérito y autorizó la salida del país de los cinco tripulantes del avión. Los beneficiados por estas medidas fueron el piloto Gholamreza Ghasemi y los involucrados Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta.

Igualmente siguen imputados por utilizar la empresa Emtrasur para desviar fondos que habrían sido utilizados para financiar actividades terroristas, un delito previsto en el artículo 306 del Código Penal. En la imputación, se mencionaban vuelos de Teherán a Siria a través de la aerolínea Fars Air Qeshm, vinculada a Hezbollah. Esos viajes figuran en el informe que el FBI aportó a la causa: “Fars Air Qeshm opera vuelos entre Irán y Siria de forma regular. Como parte de los esfuerzos realizados por Irán y la Fuerza Quds para equipar a Hezbollah con armas, componentes militares avanzados y las armas están siendo contrabandeadas desde Irán a Hezbollah en el Líbano utilizando vuelos civiles de Teherán a Damasco. Se sabe que un avión que pertenece a Fars Air Qeshm ha transferido equipos de Irán a Hezbollah en Líbano utilizando la ruta entre Teherán y Beirut”.

La imputación también apuntaba a otros viajes sospechosos de los iraníes.

La aeronave venezolana llegó a Buenos Aires el 6 de junio de 2022 con una carga de autopartes de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. Con el tiempo se comprobó que hubo una cadena de contrataciones entre varias empresas para ocultar a Emtrasur.

El 8 de junio, dos días después de su llegada a Buenos Aires, el avión intentó volar a Uruguay para cargar combustible pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar. Desde ese día, el avión está retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Ante el escándalo, el Gobierno argumentó que se habían tomado todas las medidas de seguridad posibles. Pero igualmente debió soportar las presiones diplomáticas de Venezuela e Irán.