La brutal cacería de Daniel Ortega de universidades y ONGs bajo la bandera de “lucha contra el terrorismo”

La Universidad Centroamericana (UCA) dijo esta semana el diputado oficialista Wilfredo Navarro, “es un centro de terrorismo”. La afirmación de Navarro ha sido interpretada como un movimiento más de piezas en la cacería que el régimen de Daniel Ortega sostiene contra organismos no gubernamentales y universidades bajo la bandera de “lucha contra el terrorismo”. La UCA podría ser la próxima víctima.

Desde abril de 2018, cuando estallaron protestas multitudinarias contra el gobierno nicaragüense, la Asamblea Nacional ha cancelado 93 personerías jurídicas de estos centros y organismos. A principios de este mes eliminó las últimas 23 personalidades jurídicas de organismos y fundaciones vinculadas con universidades que operan en el país.

La ofensiva gubernamental no termina con la cancelación legal de las organizaciones. Tan pronto el parlamento decreta su muerte legal, el Estado ocupa los bienes y edificios de las organizaciones en lo que algunos expertos han calificado “una confiscación de hecho”, reñida con la ley nicaragüense.

El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua establece: “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

Tampoco la cacería parece terminar con estos cerca de 100 organismos ilegalizados. El gobierno de Daniel Ortega tiene bajo la lupa a 1.797 Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) nicaragüenses consideradas “vulnerables al financiamiento al terrorismo”, según un reporte que presentó ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y divulgado esta semana por el diario La Prensa.

De este grupo de organizaciones, el régimen considera que 208 son de “alto riesgo para el financiamiento del terrorismo” y 581 tienen “un riesgo moderado”. Las restantes organizaciones entran en la categoría de “bajo riesgo”.

“Lo que hacemos en la Asamblea Nacional es responder a la solicitud que hace el Ministerio de Gobernación, que es la institución que fiscaliza”, afirmó el diputado Navarro al medio oficialista 19 Digital.

“En esta ocasión estamos en un proceso de cancelación de 14 asociaciones y fundaciones sin fines de lucro entre comillas, porque hay muchas asociaciones, muchas fundaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse de las mismas asociaciones que por ley deben ser sin fines de lucro, violentando la ley 147, la ley que rige a las personas jurídicas sin fines de lucro”, señaló el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, considerado “el verdugo” de las ONG, debido a que es quien propone las listas de cancelación.

Sin embargo, William Grigsby, director de Radio La Primerísima y uno de los principales voceros del régimen, explicó de otra manera la cacería de organismos no gubernamentales. “Hay que entender este tipo de decisiones en la lógica de la defensa del poder del pueblo de Nicaragua” dijo su programa matutino y afirmó que estos organismos “en la práctica eran fachadas de la intromisión europea y norteamericana en los asuntos internos de Nicaragua”.