Llevarán ante Sala IV decreto que obliga a funcionarios públicos a vacunarse contra el Covid-19

Habrá procedimientos previos en otros tribunales

Por Alejandro Meléndez Díaz

alejandro.melendez@monumental.co.cr

La Sala Constitucional recibirá, eventualmente, una acción en contra del decreto ejecutivo que obliga la vacunación contra el covid-19 en el sector público. Abogados consideran que se deben agotar las vías previas en otras instancias para que, finalmente, si no se resuelve antes, sea el tribunal constitucional el que se pronuncie sobre el tema.

El decreto fue firmado ayer por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas. Entrará en vigencia este viernes 15 de octubre. El documento también faculta a los patronos privados para exigir la inmunización contra el covid-19 en su personal.

Los magistrados de la Sala Constitucional han mantenido una línea jurisprudencial en los recursos de amparo que han presentado funcionarios de la salud para evitar la vacuna. En todas las acciones de amparo la Sala ha dicho que el derecho a la salud está por encima de la objeción de conciencia.

El abogado constitucionalista, Manrique Jiménez, afirma que sería normal que la Sala mantenga la misma posición en una eventual acción contra el decreto. Sin embargo, explicó que posiblemente haya otros derechos que se tengan que poner en la balanza además de la objeción de conciencia.

José Miguel Villalobos, jurista en derecho penal, mencionó que la vía constitucional es la correcta para definir la legalidad del decreto.

La Sala Constitucional no tendría un plazo fijo para tomar una decisión sobre el decreto, sin embargo, el mismo tribunal podría decidir suspender el decreto mientras determina si declara con lugar la acción o no.