Jueza pide saber cómo se financiaron mejoras en cárcel de San Sebastián para decidir si levanta orden de cierre

Centro penal tiene 300 espacios disponibles

Por Alejandro Meléndez Díaz

alejandro.melendez@monumental.co.cr

La jueza de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, Mayra Acevedo Matamoros, pidió saber cómo se financiaron las mejoras hechas en el Centro de Atención Integral (CAI) San José, conocido como San Sebastián, para determinar si levanta una orden de cierre que recae sobre ese centro desde 2016 y que le impide recibir nuevos reclusos.

Esta es apenas una de las siete peticiones de información que hizo Acevedo al Ministerio de Justicia en una resolución de seguimiento de medidas correctivas. La jueza visitó el CAI San José el pasado miércoles después de haber suspendido este encuentro hasta en tres ocasiones y dio tres días para que la administración penitenciaria aporte estos datos.

La funcionaria decisora también solicita conocer información relacionada al avance de la vacunación covid-19 en ese centro penal, medidas relacionadas con el combate a la pandemia distintas a las ya señaladas en un informe previo, saber cómo avanza la planificación para construir una nueva cárcel para personas indiciadas. Finalmente, la jueza de Ejecución de la Pena pide saber si se pueden construir más módulos en el CAI San José y si se está respetando el distanciamiento social entre los reos.

Como medida cautelar atípica, Acevedo Matamoros dictó que las autoridades del Ministerio de Justicia y terceras personas no se pueden referir a asuntos penitenciarios para no afectar la independencia judicial y la imparcialidad de la persona juzgadora.

Para el abogado penalista, Ewald Acuña, señaló que ese tipo de información difiere con las competencias de la jueza.

La exfiscal de Ejecución de la Pena, Roma Vargas, mencionó que no es usual esta solicitud de información, pero indicó que la situación de pandemia genera situaciones extraordinarias

El CAI San José tiene 300 espacios disponibles para recibir nueva población penitenciaria, sin embargo, no puede hacerlo porque tiene una orden de cierre.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hay 311 personas en celdas de Circuitos Judiciales que no han podido ser trasladadas a centros penales.