Caso cochinilla: OIJ sospecha que MECO creó conglomerado de empresas para evitar ‘controles ajenos’ en sus obras

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr

La constructora MECO habría creado todo un grupo de empresas a su alrededor con el fin de “contratarlas” cuando fuese necesario someter una de sus obras a análisis de calidad del producto y de los materiales.

Así lo señala el expediente de investigación del caso ‘cochinilla’, en el cual se presume que el grupo de empresas alternas, sin vinculo legal evidente, se encargaba de verificar cualquier componente del proceso de ejecución de obras viales. Esto habría permitido evitar controles ajenos, objetivos o distintos a los intereses de la organización.

Según la Policía Judicial, existe una dependencia directa entre MECO y las empresas Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), Conansa, Maco, Kato Transportes y otras, conglomerado que se muestra dividido en representaciones individuales para distraer la conexión.

Mario Alberto Valverde, experto en Derecho Penal, explicó que este tipo de estrategia también permite acaparar proyectos de obra pública, simulando un concurso con amplia participación de empresas.    

La investigación también establece que las empresas habrían aprovechado para sus propios intereses el fenómeno conocido como ‘puerta giratoria’, acercándose a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que estuvieron previamente en sus planillas o colocando en sus compañías a personas que laboraron en el gobierno y que mantienen nexos en la administración pública.

Quince personas en esa condición habrían sido clave para agilizar el pago de facturas o brindar otros beneficios a las constructoras. Entre ellas destacan los funcionarios del Conavi, Edgar May, Hugo Zúñiga, Harold Mora, José Manuel Rojas y Eduardo Chavarría, previamente vinculados a empresas como Meco, Also Frutales, H. Solís y otras.

Al respecto, el abogado dijo que esta estrategia no representa un delito, sino hasta que se presta para facilitar favores o ejercer presiones indebidas en favor de las empresas.

Por el lado contrario, destacan personas que trabajaron en el gobierno y ahora estarían a las órdenes de las constructoras, entre ellas Allister Cervantes, María Gabriela Alvarado, Priscilla Naranjo, Juan Andrés Loría y Cristina Rivera.