Unas 75 personas permanecían aglomeradas a las afueras de la instalación policial, ubicada en el centro de la ciudad industrial de Valencia, donde aún se percibe el olor que dejó el incendio.
“Quiero justicia para mi hijo”, expresó Rocky Valera al protestar por la muerte de su hijo, de 27 años, quien estaba detenido en el centro policial señalado de posesión ilegal de un fusil. “Los que hicieron esto tienen que pagarlo”, agregó.
“Gran consternación siento por los hechos”, afirmó el gobernador oficialista de Carabobo, Rafael Lacava, al lamentar las muertes y anunció en su cuenta de Twitter que se había iniciado una investigación “seria y profunda para dar con las causas y los responsables de estos lamentables sucesos”.
ONU pide investigación «pronta, exhaustiva y efectiva»
El incidente, considerado la segunda mayor tragedia registrada en un centro de detención desde 1994, fue condenado por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, que instó en un comunicado a las autoridades venezolanas a llevar adelante una investigación “pronta, exhaustiva y efectiva”.
“Estamos consternados por las terribles muertes”, señaló el comunicado en el que se pide al gobierno que proporcione reparaciones a las familias de las víctimas y lleve a los responsables ante la justicia.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las principales organizaciones humanitarias del país, también se unió a las críticas y expresó en su cuenta de Twitter que la “indolencia del gobierno” ante la situación de los presos “produce muertes”.
Asimismo, Humberto Prado, director de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones, exhortó en su cuenta de Twitter a la Defensoría del Pueblo a que exija al gobierno que adopte medidas urgentes frente a la “grave situación” que atraviesan los centros policiales. Prado recordó que la constitución impone la obligación al Estado de preservar la vida de toda persona presa.
El fiscal general Tarek William Saab informó la víspera que 68 personas perecieron en el incendio de las celdas del comando policial de Carabobo. Entre los fallecidos estaban dos mujeres que pernotaban en el lugar, indicó Saab sin ofrecer más detalles. El Ministerio Público nombró cuatro fiscales para investigar el caso.
