Candidato del PLN lucha por anular norma que le prohibiría tener contratos con el Estado

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, ha realizado múltiples gestiones para eliminar una prohibición en la Ley de Contratación Administrativa, con el fin de que él y su familia puedan suscribir contratos con el Estado.

El artículo 22 de la normativa impide a los miembros de los supremos poderes, y a sus familiares directos participar de contrataciones con el Gobierno, circunstancia que aplicó para Desanti desde el 2014, cuando fue electo diputado, y que permanecería en caso de que el liberacionista gane las elecciones del 2018.

En marzo del 2014 el hoy aspirante liberacionista pidió a la Contraloría levantarle la prohibición, solicitud que fue denegada porque podría aplicarse únicamente a los familiares, mas no a los propios funcionarios.

Posteriormente, durante el mismo año, Desanti presentó un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto los artículos de la Ley que impiden su participación en contratos con el Estado. La vocera de la Sala IV, Vanlly Cantillo, confirmó que la queja aún permanece bajo estudio.

Una investigación del sitio web Ameliarueda.com detalló que la esposa de Álvarez Desanti, Nuria Marín Raventós, forma parte de un negocio inmobiliario iniciado por su abuelo, del cual actualmente se alquilan tres edificios al Estado: dos al Ministerio de Educación Pública (MEP) y uno al Ministerio de Hacienda, cuyos alquileres mensuales suman al menos, en total, unos ¢210 millones.

De acuerdo con Desanti, su esposa es únicamente accionista minoritaria de la empresa, por lo que la Ley actual no afecta su participación. Sin embargo, manifestó que pidió a la Sala IV desestimar su reclamo, pues las reglas cambiarán una vez que el país culmine su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Noticias Monumental consultó a la Contraloría su posición sobre los efectos que podría tener el reclamo judicial interpuesto por Desanti, y a través de un correo electrónico el ente se manifestó en contra, alegando que podría debilitar la competencia que ejercen las instituciones en cuanto a prevenir, detectar y sancionar la corrupción en las compras públicas. Además, recalcó que lo que busca la Ley es evitar que un funcionario público obtenga ventajas o beneficios indebidos.

La Contraloría dijo estar a la espera de lo que resuelva la Sala IV, aunque indicó que es fundamental que la norma permanezca en el sistema jurídico preventivo de control de la corrupción.