La carta abierta de 77 ONG a los cancilleres que se reúnen en Perú para abordar la crisis en Venezuela

La carta completa firmada por las 77 ONG

Las organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanos que suscribimos el presente documento queremos transmitir a las delegaciones presentes en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la región, a realizarse este 8 de agosto a petición de la Cancillería de Perú, las siguientes informaciones:

1) Desde el pasado 1º de abril de 2017 importantes sectores de la población venezolana vienen realizando manifestaciones pacíficas en ciudades, pueblos y comunidades rurales del país para protestar contra la interrupción del hilo constitucional y el debilitamiento de la institucionalidad democrática, exigiendo un cronograma de las elecciones pendientes, apertura de canal humanitario para el acceso a los alimentos y las medicinas, liberación de los presos políticos y respeto a la independencia de los poderes.

En este ciclo de protestas la manifestación más grande se realizó el 16 de julio cuando más de 7 millones de venezolanos expresaron su rechazo a la promoción irregular de una Asamblea Nacional Constituyente.

2) La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a las demandas ciudadanas mediante el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ha sido la represión y la violencia. Según las cifras del Ministerio Público del 31 de julio del año en curso, en Venezuela 121 personas han perdido la vida en el contexto de las protestas, de las cuales al menos 99 han sido asesinadas directamente en actos de represión, mientras ocurren violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como la violación de domicilio sin orden judicial y sin cumplir los requisitos legales para ello; detenciones masivas y arbitrarias; torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes contra personas privadas de libertad por manifestar; aplicación de la justicia militar contra civiles; ataques contra conjuntos residenciales; uso de civiles armados contra las protestas y la violación generalizada de los estándares internacionales en el uso de la fuerza.

3) En este contexto, se ha promovido de manera irregular una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar previamente a la ciudadanía, sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación del país y vulnerando los principios que caracterizan a un proceso electoral como democrático.

Según las denuncias procesadas por nuestras organizaciones el hostigamiento a los empleados públicos para obligarlos a participar en los comicios del 30 de julio se transformó en una política de Estado.

Las autoridades electorales han anunciado una cifra de participación -superior a los 8 millones de personas- que no corresponden con las evidencias registradas durante la jornada. Lo que ha sido caracterizado como un fraude, ha sido denunciado tanto por la Fiscal General de la República, el rector principal del CNE Luis Emilio Rondón, como por antiguos ministros de la administración de Hugo Chávez, profundizando con ello la crisis social y política de Venezuela.

Incluso la propia empresa contratada por el Estado venezolano, Smartmatic, para instalar la plataforma informática y tecnológica que se utilizó en dicho proceso, ha denunciado que los resultados de la ilegal elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fueron falseados.

4) Nuestras organizaciones promueven una resolución pacífica, democrática y constitucional de la actual crisis política del país. Para ello consideramos clave la actuación de la comunidad internacional, obligando al Estado venezolano a cumplir sus deberes democráticos y sus obligaciones en materia de derechos humanos, derivados de los pactos y acuerdos que de manera soberana han sido suscritos por la República.

Por las anteriores consideraciones, respetuosamente pedimos a las Cancillerías de los diferentes países presentes en esta reunión extraordinaria de ministros interceder por el cumplimiento de los siguientes aspectos:

1) Exhortar al gobierno venezolano suspender la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, respetar el marco constitucional vigente y la independencia de los poderes, especialmente el Parlamento y el Ministerio Publico.

2) Reforzar el papel de los Sistemas de protección a los derechos humanos para que incida en la resolución democrática de la crisis venezolana, instando al gobierno a aceptar la visita tanto de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como los de Naciones Unidas.

3) Instar al gobierno venezolano al anuncio y cumplimiento de un calendario electoral de los procesos comiciales pendientes establecidos en la Constitución Nacional, realizados según los estándares democráticos.

4) Exigir al gobierno venezolano el respeto a los derechos de libertad de reunión, expresión y asociación, así como el de manifestación pacífica, deteniendo su criminalización, desactivación de grupos de civiles armados, el uso de la justicia militar contra civiles, la liberación inmediata de personas privadas de libertad por razones políticas y la investigación y sanción de las denuncias de violaciones de derechos humanos.

5) Exigir al gobierno venezolano el respeto y el cese inmediato de todo acto de persecución, intimidación o amenaza contra los activistas de derechos Humanos y miembros de las ONG que se han dedicado a denunciar y a registrar las graves violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en nuestra nación.

6) Instar al gobierno venezolano a que acepte la cooperación internacional humanitaria que permita en un corto plazo mejorar el acceso de la ciudadanía a los alimentos y medicinas, reconociendo la gravedad de la situación de amplios sectores de la población, especialmente los que se encuentran en situación vulnerable.

7) Continuar realizando las gestiones necesarias para que los diferentes países de la región asuman la crisis migratoria generada por los retrocesos en derechos sociales y políticos en Venezuela con estándares en derechos humanos.

8) Impedir la aprobación de sanciones unilaterales o multilaterales contra el conjunto de la nación por parte de los gobiernos de la región, las cuales aumenten la crisis humanitaria existente en Venezuela.

9) Contribuir con las organizaciones de la sociedad civil venezolana, así como con las instituciones del Estado que lo solicitasen, en el esclarecimiento de investigaciones que develen las conexiones de funcionarios del gobierno venezolano en casos de corrupción, que han generado como consecuencia la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestra nación, así como garantizar el acceso a la información pública.