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EEUU, sobre las sanciones al vicepresidente de Nicolás Maduro por narcotráfico: «Son un mensaje a los venezolanos para demostrar que estamos con ellos»

14 febrero, 2017

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, explicó el alcance de las medidas contra Tareck El Aissami

El secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, dijo hoy que las sanciones impuestas al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, y su colaborador Samark José López Bello buscan bloquear «decenas de millones de dólares» en sus activos bajo jurisdicción de EEUU.

«En este caso se trata de activos, decenas de millones de dólares en activos que tendrán un impacto muy grande» para El Aissami y su entorno, aseguró Mnuchin en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.

Con las sanciones, el presidente Donald Trump quiso «enviar un mensaje claro al pueblo de Venezuela de que Estados Unidos está de su lado», agregó Mnuchin.

Tras una investigación «de años», el Departamento del Tesoro de EEUU determinó ayer que el vicepresidente El Aissami, en el cargo más alto del gobierno venezolano sancionado jamás por el país norteamericano, «supervisó o poseyó parcialmente envíos de narcóticos de más de 1.000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo algunos con destino final en México y en Estados Unidos».

Además, «facilitó, coordinó y protegió a otros traficantes de narcóticos que operaban en Venezuela» y «está vinculado a la coordinación del envío de drogas al cártel mexicano Los Zetas», explicó un alto funcionario estadounidense en una llamada telefónica con periodistas.

Las sanciones implican el bloqueo de los activos de El Aissami y del empresario Samark José López Bello (señalado de ser el «testaferro» del vicepresidente) en jurisdicción estadounidense e impide hacer transacciones con ellos.

La imposición de estas medidas llega después de que la semana pasada 34 legisladores estadounidenses solicitaran al presidente de EEUU, Donald Trump, en una carta, que tomara medidas inmediatas para sancionar a los funcionarios del gobierno venezolano que están «beneficiándose» por las violaciones de derechos humanos que, a su juicio, se registran en la nación petrolera.



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