Expertos advierten que el país podría perder monitoreo permanente de tsunamis por recortes al presupuesto universitario
23 octubre 26A partir de enero de 2027
Por: Esteban Aronne Sparisci
Costa Rica podría quedarse sin el servicio que vigila las amenazas de tsunamis durante las 24 horas del día a partir del primero de enero de 2027, debido a las restricciones presupuestarias que enfrenta el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis, conocido como SINAMOT, de la Universidad Nacional.
La institución advirtió que dejaría de recibir una plaza de trabajo que se le asigna anualmente desde 2018 para atender estas emergencias. La reducción está relacionada con la propuesta del Gobierno de no aumentar el Fondo Especial para la Educación Superior para el próximo año y los recortes aprobados por los diputados en la Comisión de Hacendarios.
La especialista del SINAMOT, Kristel Espinoza, explicó que la falta de personal impediría mantener el servicio permanente que permite determinar si un terremoto representa una amenaza de tsunami para las costas del Pacífico y el Caribe.
Como ejemplo de la importancia de este servicio, el SINAMOT recordó un reciente terremoto en Panamá, cuando un centro internacional de alerta advirtió sobre la posibilidad de olas de entre uno y tres metros que podrían afectar a Costa Rica.
Sin embargo, los especialistas costarricenses analizaron la información y determinaron en apenas 15 minutos que no existía una amenaza que justificara evacuar las costas nacionales.
Espinoza destacó que este tipo de análisis permite tomar decisiones oportunas y evitar evacuaciones innecesarias, pero advirtió sobre las consecuencias de perder el monitoreo especializado.
Durante los últimos 12 años, el SINAMOT ha trabajado con más de 70 comunidades costeras, realizado estudios de amenazas y desarrollado simulacros para preparar a la población ante posibles tsunamis.
La Universidad Nacional hizo un llamado al Gobierno y a los diputados para evitar la suspensión del servicio. El Presupuesto Nacional de 2027 todavía debe ser discutido y votado en el Plenario Legislativo, por lo que las asignaciones presupuestarias aún pueden modificarse.