Proyecto propone limitar a 24 años permanencia de magistrados en la Corte y elevar edad mínima a 50 años

18 agosto 26

Reforma plantea cambios en magistraturas

Proyecto propone limitar a 24 años permanencia de magistrados en la Corte y elevar edad mínima a 50 años

Por: Juan Enrique Soto Sibaja

juan.soto@monumental.co.cr

Una reforma constitucional propone limitar a 24 años la permanencia de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia y elevar de 35 a 50 años la edad mínima para ocupar el cargo.

La iniciativa mantendría los nombramientos por periodos de ocho años y la reelección automática, salvo que al menos 38 diputados voten en contra. Sin embargo, cada magistrado podría ser reelegido únicamente por dos periodos adicionales, para un máximo de tres periodos y 24 años en el puesto.

Además, se exigirían al menos 15 años de ejercicio profesional para llegar a una magistratura y se impediría que quienes hayan ocupado esos cargos acepten puestos políticos de elección popular, ministeriales o de confianza política durante los dos años posteriores a dejar la Corte.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, explicó los cambios que plantea la reforma.

Por otra parte, diputados oficialistas presentaron otra reforma constitucional para eliminar el voto secreto cuando la Corte Suprema de Justicia resuelva asuntos disciplinarios contra sus propios magistrados.

La propuesta establece que esas decisiones deberán realizarse en sesión pública y mediante votación pública y nominal. También serían de acceso público el quórum, la motivación de la decisión y el sentido del voto de cada magistrado.

Grettel Ávila, diputada oficialista, se refirió al objetivo del proyecto.

Finalmente, otro proyecto de Ley del oficialismo busca prohibir la propaganda político-electoral y el proselitismo político-partidario en centros educativos públicos y privados reconocidos por el Estado, así como durante actividades educativas dirigidas a estudiantes.

La iniciativa aclara que la prohibición no incluye actividades académicas, educación cívica, análisis político o debates. Lo que se busca impedir es utilizar los centros educativos para promover, desalentar o captar adhesiones hacia partidos políticos, candidaturas o precandidaturas.

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