El presidente Arévalo decreta estado de prevención en seis departamentos de Guatemala

Por Infobae

El presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de prevención en seis departamentos de Guatemala —Guatemala, Petén, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango— a través del Decreto Gubernativo 4-2026, según lo publicado en el Diario de Centroamérica este jueves 19 de marzo. La medida tendrá una duración de 15 días, periodo máximo permitido por la legislación nacional para este tipo de restricción.

La disposición, enfocada en las regiones con mayor índice de violencia, establece que las autoridades podrán limitar reuniones al aire libre, restringir manifestaciones públicas y prohibir espectáculos masivos, según el artículo cinco del decreto. También autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver por la fuerza cualquier concentración donde se empleen armas o se incurra en actos violentos, así como a prohibir la circulación de vehículos en zonas determinadas.

Según la publicación oficial, la decisión responde a la necesidad de prevenir y reprimir acciones contra las fuerzas de seguridad y el orden público, incluidas agresiones armadas a funcionarios y actividades de maras o pandillas que amenacen la vida, libertad, justicia, paz y desarrollo integral de la población, además del funcionamiento institucional. El documento precisa que el objetivo es: “continuar acciones excepcionales coordinadas de las fuerzas de seguridad del Estado, dirigidas a evitar perturbaciones graves de la paz y el orden público”, en línea con el mandato constitucional del Ejecutivo para garantizar los derechos humanos de los habitantes.

Con el establecimiento del estado de prevención, el gobierno amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para ejecutar operativos y controles sin necesidad de órdenes judiciales previas en las zonas señaladas.

La disposición habilita a las autoridades a limitar el derecho de reunión y restringir la libertad de locomoción en respuesta a incidentes de violencia organizada, particularmente atribuidos a maras o pandillas.

Las restricciones incluyen la suspensión de espectáculos públicos y el control del tránsito vehicular en sectores designados como prioritarios para la seguridad estatal.

La orden oficializada este 19 de marzo, permite a los agentes intervenir ante posibles alteraciones graves al orden público y actuar preventivamente para proteger la integridad de los funcionarios y de la población civil.

Antecedentes y justificación de la medida

La implementación de este tipo de estado de excepción ya ha sido utilizada previamente en Guatemala para contener crisis de seguridad y represión de actividades de pandillas.

El gobierno sostiene que el decreto responde a información reciente sobre ataques armados dirigidos a integrantes de las fuerzas de seguridad, así como a intentos de desestabilización institucional.

De acuerdo con el propio Decreto Gubernativo 4-2026, “la autoridad responsable podrá suspender o restringir el ejercicio de derechos constitucionales estrictamente necesarios para salvaguardar los intereses generales de la Nación”.

Las autoridades enfatizan que ”el propósito fundamental es salvaguardar la paz, el orden y la institucionalidad democrática frente a amenazas específicas detectadas en los departamentos priorizados“.

Durante el segundo estado de prevención declarado en Guatemala, las fuerzas de seguridad incrementaron operativos en cárceles desde el 4 de marzo, con acciones que buscan frenar la entrada y uso de objetos ilícitos en los centros penitenciarios. Esta iniciativa, parte de una estrategia nacional contra la criminalidad organizada, responde a la necesidad de restablecer el control estatal al interior de los penales y apuntalar las investigaciones sobre delitos coordinados desde prisión.

En el desarrollo de estas intervenciones, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que se incautaron 707 teléfonos celulares, 5 armas de fuego, 350 municiones, 38routers, 53 televisores, junto a cantidades significativas de droga y otros objetos prohibidos. La magnitud de los decomisos revela el nivel de infiltración y logística interna que mantienen las estructuras delictivas en los centros de detención, según datos proporcionados por la PNC.

De acuerdo con la información oficial recogida por la Policía Nacional Civil, entre los objetos decomisados también figuran 40radios portátiles, 15 cámaras, 34 memorias USB, 24 tarjetas SIM, 5 antenas wifi y más de 300 envoltorios de droga, entre marihuana y cocaína. El desglose de estos resultados refleja la variedad y sofisticación de los recursos empleados por los internos para vulnerar las restricciones penitenciarias establecidas por la normativa guatemalteca.