La OEA advierte sobre riesgos en proceso de selección de autoridades electorales en Guatemala

Por: Infobae

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que el proceso que sigue el Congreso de la República de Guatemala para seleccionar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral puede poner en riesgo la independencia del organismo y afectar la confianza pública en la democracia del país. La entidad internacional recomendó de forma urgente elevar el rigor de los estándares aplicados en la designación de magistrados, señalando que la opacidad actual podría debilitar la legitimidad institucional a mediano y largo plazo.

En un informe dirigido a la Junta Directiva y los Jefes de Bloque parlamentarios, la OEA insistió en que los criterios adecuados para la selección son la idoneidad, la transparencia, la imparcialidad y la rendición de cuentas. Señaló que, en la etapa inicial del actual proceso, los procedimientos empleados no garantizan estos valores fundamentales, lo que facilita decisiones discrecionales y dificulta tanto el control ciudadano como el entendimiento colectivo del proceso.

Como resultado, la Misión detectó debilidades sustanciales en la fase de selección de candidatos. Subrayó la presencia de postulantes que enfrentan objeciones y señalamientos públicos graves, y alertó sobre el riesgo de que estos no sean investigados ni resueltos exhaustivamente. En muchos casos, las objeciones no reciben una revisión suficiente, lo que podría deteriorar la percepción de legitimidad de todo el proceso electoral.

Puntos críticos de la evaluación inicial y déficit de transparencia
La OEA señaló que la comisión postuladora del Congreso concedió prioridad a factores meramente administrativos para evaluar a los candidatos, dejando de lado la necesidad de asegurar perfiles independientes y honorables para integrar el Tribunal Supremo Electoral.

Según la Misión, la deliberación se lleva a cabo sin la necesaria publicidad ni justificaciones claras respecto a los resultados. Reclamó al Congreso: “Evitar decisiones percibidas como discrecionales o insuficientemente fundamentadas”, argumentando que la ciudadanía carece de acceso a información fundamental sobre el proceso y el historial de los postulantes.