Avanza plan que castiga con cárcel a empleados públicos que benefician a grupos dedicados al narcotráfico
20 febrero 26Fue dictaminado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico
Por: Fernanda Romero
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó un proyecto de ley que castiga hasta con 10 años de cárcel a los empleados públicos que busquen beneficiar a grupos dedicados al narcotráfico, por ejemplo, mediante la adjudicación de contratos del Estado, permisos, concesiones o acciones que les permitan continuar con su actividad delictiva.
Actualmente, el delito de tráfico de influencias se castiga con penas de 2 a 5 años de cárcel para quien influya en un funcionario público con el fin de obtener un beneficio indebido. Si se trata de altos jerarcas, la sanción aumenta en un tercio, pero no existe un castigo específico más alto por favorecer a personas vinculadas con narcotráfico.
El proyecto también eleva la pena base a un rango de 3 a 8 años de prisión para cualquier caso de tráfico de influencias y establece una sanción de 5 a 10 años cuando el beneficio sea para personas relacionadas con delitos de drogas. La diputada del Partido Frente Amplio (FA), Priscilla Vindas, detalló la necesidad de aprobar esta iniciativa.
El legislador independiente y presidente de la Comisión de Seguridad, Gilberth Jiménez, se refirió a la importancia de endurecer las penas para evitar que funcionarios públicos favorezcan al crimen organizado.
El proyecto de ley continuará su trámite en el Plenario Legislativo.
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