Cumbre del Mercosur: la presidencia pro tempore de Lula llega a su fin en medio de la frustración por el acuerdo con la Unión Europea

Por Infobae

Brasil deja hoy oficialmente a Paraguay la presidencia temporaria del Mercosur, en el marco de la cumbre de sus líderes en Río de Janeiro. El bloque comercial latinoamericano formado por los países miembros Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay llega a la reunión de Río con muchos interrogantes y algunas polémicas. El Mercosur se creó en 1991, cuando el comercio entre los miembros del bloque ascendía a 4.500 millones de dólares anuales. 32 años después de su creación, ese comercio asciende a 46.000 millones de dólares por año.

Sin embargo, su acuerdo estrella con la Unión Europea, discutido desde 1999, alcanzado en 2019 pero nunca ratificado, parece ahora cada vez más lejano. El primero en distanciarse fue el presidente francés, Emmanuel Macron, el pasado sábado.

“Estoy en contra del acuerdo Mercosur-UE, porque creo que es un acuerdo que contradice completamente lo que está haciendo Lula en Brasil y lo que estamos haciendo nosotros. No tiene en cuenta la biodiversidad ni el clima. Es un viejo acuerdo comercial que desmantela los aranceles”, dijo el presidente francés. Su colega brasileño reaccionó declarando que “si no hay acuerdo, paciencia. No ha sido por falta de voluntad. Pero lo único que debe quedar claro es que no debe decirse que es por culpa de Brasil. Y que no se diga que el acuerdo no se produjo por causa de Sudamérica. Asumamos la responsabilidad de que los países ricos no quieran llegar a un acuerdo con la perspectiva de hacer concesiones”, dijo Lula.

Según informaron al diario O Estado de São Paulo quienes siguieron las negociaciones en los últimos días, los argentinos, que anunciaron su ausencia en la cumbre de Río, destacaron que el gobierno de Lula tuvo tiempo de sobra durante 2023 para revisar lo que quería en el texto, y ahora es Argentina la que pide un nuevo plazo. Incluso el presidente de Paraguay Santiago Peña, a finales de septiembre, había dado una especie de ultimátum a las negociaciones al dar como fecha límite el 6 de diciembre. “Le dije a Lula que concluya las negociaciones, porque si no lo hace, no las llevaré adelante en los próximos seis meses”, había dicho Peña en una entrevista con la prensa brasileña. Oficialmente, el acuerdo se ha estancado debido a las nuevas restricciones medioambientales exigidas por la UE. Sin embargo, en los bastidores de la diplomacia se apunta con el dedo a la petición de Lula de impedir que los europeos participen en licitaciones públicas, un punto aceptado por el ex presidente Jair Bolsonaro y ya negociado con la UE en 2019. El diario O Estado de São Paulo reveló en un editorial que “el anexo sobre sostenibilidad presentado por los europeos detalla las reglas ya aprobadas, pero no prevé, como se temía, sanciones por incumplimiento de las metas ambientales”. Sin embargo, en los últimos meses Lula había arremetido contra el anexo, la llamada carta adjunta que los líderes europeos habían enviado en marzo. El texto filtrado a la prensa también especificaba algunas exigencias en materia de derechos humanos y laborales, así como de sostenibilidad. Entre los principales puntos que se exigían a los países del Mercosur estaban “detener e invertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030 y hacer progresos significativos en la restauración de los bosques para 2025″. “La carta adicional que la UE envió al Mercosur es inaceptable porque castiga a todos los países que no respetan el Acuerdo de París, pero ellos tampoco lo hicieron”, respondió en aquel momento Lula. El 6 de septiembre, Lula y el Mercosur habían enviado una contrapropuesta que, según los europeos, “no respondía a sus exigencias”.

Según informó CNN Brasil, el embajador Philip Fox-Drummond Gough, director del Departamento de Política Económica, Financiera y de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, declaró que “en materia de bosques, por ejemplo, insistimos en la posibilidad de utilizar nuestros mecanismos para controlar la deforestación. En cuanto a la política industrial, nos centramos sobre todo en las cuentas públicas. Consideramos que algunos sectores debían quedar excluidos. Uno, ya aceptado por los europeos, es el sector sanitario. Ya hemos tenido el trauma de Covid-19 y nuestra conclusión es que deberíamos tener libertad para la política pública en el sector sanitario. Y estamos estudiando otros sectores que deben excluirse del acuerdo, como las tecnologías de red”, declaró el embajador.

Según el bufete de abogados europeo White and Case, que ha seguido de cerca las negociaciones, “Brasil, con el apoyo de Argentina, pretendía dar marcha atrás en las concesiones de las licitaciones públicas, ya que afectarían a su nueva política de desarrollo industrial”. Brasil quería negociar “la exclusión de las compras realizadas por el sistema nacional de salud (SUS), aumentar el margen de preferencia para las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y aumentar los umbrales aplicables a la contratación pública expresados en términos de valor establecidos en el texto de 2019 (es decir, por debajo de los cuales los contratos de adquisición quedan excluidos del acuerdo)”. También según White y Case, “la solicitud de Brasil es coherente con su reciente retirada de las negociaciones para la adhesión al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, iniciadas por el anterior gobierno de Bolsonaro”. Sin embargo, continúa el texto, “no se espera que la UE haga concesiones a la posición negociada hasta ahora en este ámbito, que se considera un logro importante de la UE”. Detrás de esta estrategia de revisión del punto de la licitación pública está el hecho de que el gobierno de Lula intenta estimular el sector nacional de la construcción civil a través de un nuevo Programa de Aceleración y Crecimiento (PAC). Técnicos que conocen el texto del acuerdo ya firmado en 2019, sin embargo, creen que este tipo de debate fue infructuoso, ya que el acuerdo no afectaría a las políticas del PAC durante ocho años de todos modos. Incluso la petición de Lula de proteger a las pequeñas y medianas empresas, según los mismos expertos, ya forma parte del acuerdo y puede realizarse sin más modificaciones ni exigencias adicionales.

Según reveló el portal de noticias UOL, antes de viajar a la conferencia climática de la ONU en Dubai, Lula habría recibido fuertes presiones internas para no firmar el acuerdo: “El presidente recibió mensajes de algunos de los principales sindicatos del país advirtiendo que el tratado sería un error, perjudicaría a la industria nacional y no generaría ganancias para Brasil. Ante esta situación, los grupos pidieron a Lula una reunión urgente”. Por eso, el presidente brasileño solicitó a su principal asesor en política exterior, Celso Amorim, que interrumpiera el viaje de Dubai a Alemania y regresara a Brasil. La firma del acuerdo con la Unión Europea incluso en el primer semestre del año había sido una de las principales promesas de Lula desde la campaña electoral. El propio Amorim, en una entrevista concedida al sitio de noticias Poder 360 en agosto de 2022, había destacado que el acuerdo Mercosur-UE sería “una prioridad del gobierno Lula”, a diferencia del acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pero poco más de un año después para Amorim el escenario ha cambiado. “¿Vale la pena tener un acuerdo de libre comercio, aunque no sea el ideal, sólo por tenerlo? Esa es la difícil decisión que habrá que tomar”, declaró al diario Valor Económico hace unos días.