Prisoners Defenders denunció que hay más de 1.000 presos políticos en Cuba: en enero se sumaron 37

Por Infobae

Prisoners Defenders denunció que hay 1.077 presos políticos en Cuba en estos momentos, 37 nuevos en enero. “Todos ellos son torturados, como lo demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciado por Prisoners Defenders ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) y los reproches públicos de este organismo por ello, que se materializaron en su informe posterior de mayo pasado sobre la situación de la tortura en Cuba”, expresó el informe.

Luego indicó que “el informe del Comité de los Derechos del Niño, este pasado junio, también confirmó que decenas de niñas y niños siguen condenados a durísimas penas por ejercer su libertad de manifestación y ‘asociación’ acusándolos de sedición, entre otras barbaridades”.

“La falta del debido proceso y la defensa efectiva han facilitado una represión generalizada sobre la población, que huye víctima de la represión y la falta de perspectivas al tiempo que el endurecimiento del actual Código Penal criminaliza un abanico interminable de motivos de persecución para el ejercicio de cualquier derecho fundamental protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, resaltó la ONG.

Prisoners Defenders enumeró los “amplios patrones de licencia para la represión” del régimen. En primer lugar, mencionó la “ausencia de tutela judicial para la privación cautelar de la libertad, como ampara la Ley del Proceso Penal en Cuba que, en una burla de definición procesal normativa, denomina ‘Instructor Penal’ a un policía de la Seguridad del Estado, pudiendo éste mantener en prisión provisional al reo hasta el dictamen del fiscal sin que en caso alguno sea preceptiva intervención judicial alguna”.

En segundo orden, hizo hincapié en la “inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba que, siendo todos por definición normativa dependientes orgánica, jerárquica y económicamente del Estado, se suman a la labor de la fiscalía y actúan como fiscales ‘blandos’ en los procesos de persecución política”.

La ONG también denunció la “dependencia orgánica absoluta de la jerarquía y los jueces del sistema penal respecto del poder político” y los “procesos penales en los que todas acusaciones, sin excepción, se sustentan únicamente con ‘testigos’ dependientes del partido comunista y que son articuladas con el fraudulento uso pruebas ‘periciales’ permitidas únicamente al Ministerio de Interior, parte acusadora, que derivan en condenas basadas exclusivamente, por ejemplo, en la supuesta interpretación del olfato de animales (canes), sin que en ningún caso se permitan siquiera pruebas periciales alternativas a los acusados”.

En otro ítem, el reporte expuso los “procesos penales donde se criminalizan gravemente y persiguen sistemática y abiertamente un abanico interminable de derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, manifestación o asociación, hasta la salida o entrada del país, la privacidad y otros muchos derechos que hacen imposible el normal desarrollo de la sociedad y un estado justificado de psicosis y pánico permanente de sus ciudadanos”.

Prisoners Defenders destacó el “uso de tipos delictivos del Código Penal que, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización sin límites de cualquier conducta que el régimen desee penalizar” y el “uso generalizado de procedimientos penales sumarios y abreviados violatorios, hasta el punto de amparar en su definición la ausencia de defensa, el derecho a la contradicción o la mera comunicación de la acusación a las víctimas”.