Ecuador: concluyó el estado de excepción con un descenso ínfimo de las muertes violentas

Por: Infobae

El Estado de Excepción dispuesto por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para contener la violencia en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo concluyó luego de 45 días en vigencia. La medida se adoptó luego de los atentados con coches bombas y explosivos que dejaron como saldo a cinco policías asesinados.

Guayaquil, Durán y Samborondón, las tres ciudades que conforman la zona 8 en Guayas, registraron una disminución del 1% de las muertes violentas, según informó el ministro del Interior, Juan Zapata, quien explicó que este es un logro, aunque la cifra parezca insignificante, pues la tendencia de las muertes mostraba un incremento pero no una reducción. En los primeros días del Estado de Excepción, las muertes sí se redujeron, pero en las últimas semanas los crímenes incrementaron.

La zona 8 es una de las más peligrosas del país. Por ejemplo, entre el 1 y el 14 de diciembre hubo 203 asesinatos.

En el caso de Esmeraldas, la provincia fronteriza al norte del Ecuador, durante las seis semanas del Estado de Excepción, los homicidios intencionales se redujeron en un 27%. Según el Ministerio del Interior, el registro de muertes pasó de 73 casos a 53.

La violencia en Esmeraldas, donde operan grupos armados irregulares y bandas criminales que mantienen en zozobra a la población, alcanzó tasas de muertes violentas similares a las de Tijuana, en México.

La provincia con mejores resultados luego del Estado de Excepción fue Santo Domingo, donde las muertes violentas se redujeron a la mitad. En esta provincia, los primeros días de noviembre, hubo atentados con coches bomba en varias estaciones de gasolina.

Como parte de los resultados, la Policía detuvo a 158 personas que estarían vinculadas a los grupos de delincuencia organizada que operan desde las prisiones del país.

El ministro de Defensa, Luis Lara, que también acompañó a Zapata en una rueda de prensa, resaltó el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas que, por disposición del presidente, salieron a las calles a las zonas de mayor conflicto para apoyar el trabajo de la Policía.

Lara, además, se refirió a la “tendencia preocupante de ciertos sectores políticos de utilizar las redes sociales e incluso plataformas digitales con el exclusivo afán de generar alarma, de causar zozobra, pensando que de esa manera le hacen daño al gobierno”.

El ministro de Defensa ecuatoriano aseguró que “frente al rigor de los comunicadores profesionales que entregan información y análisis crítico pensando en el servicio a la comunidad, se opone esta avalancha de desinformación e impresiones, en algunos casos emitidas de forma anónima”.

Lo dicho por el secretario de Estado coincide con las recientes declaraciones del presidente Guillermo Lasso que acusó a la justicia ecuatoriana de darle la espalda en la lucha contra el narcotráfico y llamó a jueces y fiscales a escuchar los pedidos de seguridad de los ciudadanos del país. El mandatario sugirió que los funcionarios se hacen de “la vista gorda” ante el incremento de los hechos delictivos.

Además de las críticas gubernamentales al accionar de varios jueces, el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, dijo que en el país andino la justicia protege a “narcos, matones y sus testaferros”.

Una de las acciones de la administración de Lasso para enfrentar la violencia en el país es aliarse con países extranjeros que puedan apoyar su gestión. En ese sentido, la noche del último jueves, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Asociación bipartidista Estados Unidos-Ecuador de 2022. Esta ley es la primera en el Congreso de Estados Unidos que se centra exclusivamente en las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador. En el texto reconocen a Ecuador como un aliado democrático clave en América Latina y la propuesta establece una estrategia diplomática integral para fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en temas de interés mutuo.

La nueva normativa incluye acciones para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción del crecimiento económico inclusivo, el apoyo a las iniciativas de conservación ambiental y el aumento de las capacidades para abordar la corrupción, el crimen y la influencia extranjera negativa.