EEUU les quitó la visa a 60 altos funcionarios centroamericanos: los acusa de actos de corrupción y por socavar la democracia

Por Infobae

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este miércoles que ha sancionado y negado el ingreso a su territorio a 60 centroamericanos, entre ellos, magistrados de cortes, jueces, empresarios y políticos a quienes señala de haber participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción u obstrucción de investigaciones de corrupción en la región.

Individuos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua han sido incluidos en la conocida como “lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos, a quienes se les negará la entrada a EEUU y que no podrán obtener visados para viajar a este país.

El documento con 60 nombres fue filtrado la noche del jueves pero no se hizo oficial sino hasta el miércoles. La lista es un requerimiento por ley que debe hacer el gobierno estadounidense y entregar al Congreso.

En el caso de Guatemala, la lista incluye a 16 personas, entre las que se destacan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Vitalina Orellana Orellana y Nery Oswaldo Medina, por presuntamente haberse coludido con políticos y particulares para amañar la elección de cortes. Nunca fueron investigados.

La sanción a este país incluye también a José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por obstruir investigaciones de actos de corrupción desbaratando casos contra funcionarios de alto perfil y levantando aparentes denuncias falsas contra fiscales, abogados y extrabajadores de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG fue un organismo de Naciones Unidas que durante 12 años —2007 a 2019— desarticuló en el país centroamericano estructuras paralelas de corrupción y otros delitos que estaban incrustadas en el Estado guatemalteco.

Entre los políticos sancionados está la diputada y ex vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, por hacer mal uso de su investidura política y por vínculos con narcotráfico. La directora del Instituto de la Víctima, Mayra Alejandra Carrillo, fue sancionada por al parecer minar la democracia usando su cargo público. Su esposo, el diputado Felipe Alejos, también fue sancionado hace meses, retirando la visa de entrada de aquel país y aplicándole la Ley Magnitsky, que prohíbe a toda empresa vinculada al sistema financiero estadounidense hacer transacciones financieras con los señalados.