El Foro Penal denunció que en Venezuela hay 239 presos políticos

Por Infobae

La ONG venezolana Foro Penal afirmó este jueves que en el país hay 239 personas detenidas a las que considera presos políticos, dos más con respecto a su último reporte, publicado el pasado 24 de mayo.

La organización indicó que del total de reos contabilizados, 223 son hombres, 16 mujeres y hay un menor de edad, de los que 109 son civiles y 130 militares.

“Desde 2014 se han registrado 15.758 detenciones políticas en Venezuela”, recordó la ONG.

Por su parte, la ONG Fundaredes alertó el miércoles del deterioro de la salud de su director, Javier Tarazona, detenido el 2 de julio de 2021 tras ser acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

“Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, hoy se cumplen 11 meses de su detención arbitraria junto a dos compañeros. Es acusado, sin pruebas, de cometer delitos de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio (…) defender derechos humanos en Venezuela no es un delito. Libérenlo!, escribió Acción por la Libertad en Twitter.

En la misma red social, Provea recordó que el activista lleva 335 días detenido de manera “injusta” e insistió en la necesidad de que su salud sea atendida.

“335 días sin ayudar. Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de Fundaredes cumple 335 días de injusta detención por denunciar abusos. Javier necesita atención médica, defender derechos humanos NO es un delito #LiberenATarazona #2Jun”, publicó la organización.

Tarazona fue capturado junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García en el estado Falcón, cuando acudían a la oficina fiscal de la localidad de Coro, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según informó la ONG.

No obstante, Rafael Tarazona y García fueron excarcelados el 26 de octubre pasado, bajo el régimen de presentación.

La libertad de Tarazona, considerado la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, fue solicitada reiteradamente por diversas organizaciones.