La ONG Prisoners Defenders denunció un aumento de los presos políticos en Cuba

Por Infobae

Prisoners Defenders denunció que desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022 han sufrido prisión política un total de 1.236 personas.

“En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 31 de mayo de 2022, la lista de presos políticos de Cuba contiene 1.046 prisioneros políticos sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso”, denunció la ONG.

En su último informe, la organización indicó que realizó un estudio de algunas de las violaciones generalizadas más flangrantes de la Ley internacional, comunes a los 1.236 procesos de acusación.

Estas son: “Detención superior a 24 horas y prisión provisional; siempre impuestas por la parte acusadora (policía y fiscalía) sin supervisión judicial alguna; sólo han tenido ‘abogados’ dependientes del Gobierno; no han tenido acceso a la causa y el expediente completo de su acusación; los juicios se han realizado a puerta cerrada; las pruebas periciales son todas de parte, puesto que los peritos dependen y trabajan para el Ministerio del Interior; y los testigos eran todos policías, miembros de las organizaciones del partido de poder o funcionarios del Estado”.

“Leyendo dichas violaciones, probadas y flagrantes, no es posible negar que detenciones, juicios y condenas, todo ha sido una gran obra de teatro, con sesión doble: una, para el consumo de quienes aún todavía no reconocen en Cuba al peor y más eficaz enemigo de la democracia y la prosperidad en Latinoamérica; y otra, para ocultar al pueblo lo que en realidad estaba pasando”, señaló Prisoners Defenders.

En el desglose de los 1.046 presos políticos que hay en Cuba, la ONG subrayó que 37 son menores de edad (32 niños y cinco niñas). De ellos, cuatro niñas y 19 niños, 23 menores, han sido ya sentenciados, gran parte por “sedición”, y a una pena media de 6 años y 5 meses de privación de libertad.