Ministerio Público no confirmará investigaciones contra miembros de Supremos Poderes

Fiscal general a.i cambió política de respuestas a la prensa

Por Alejandro Meléndez Díaz

alejandro.melendez@monumental.co.cr

El Ministerio Público ya no confirmará la apertura de expedientes penales contra diputados, magistrados, ministros ni el propio presidente de la República. Esto se debe a un cambio en la política de respuestas a la prensa cuando se consulta sobre investigaciones contra miembros de Supremos Poderes.

Recientemente, Noticias Monumental consultó sobre la posible apertura de un expediente judicial contra la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, sobre un eventual delito de desobediencia a la autoridad pública en el acatamiento de medidas correctivas sobre centros penales. La respuesta del Ministerio Público fue que “la Fiscalía General no debe, por razones de estricta legalidad, confirmar o descartar la existencia de denuncias contra cualquier persona”, acogiéndose así al artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual establece que la información de un expediente judicial no debe ser pública.

Desde que llegó el fiscal general a.i, Warner Molina, en agosto anterior se varió esa manera de contestarle a los medios de comunicación cuando estos preguntan por el avance o apertura de expedientes penales contra funcionarios que estén en la cúpula del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial.

La postura de la Fiscalía General es distante de una circular vigente, llamada “Derecho a la información en la fase de investigación penal”. Esta directriz indica que es de acceso público el número de expediente, nombre y apellidos de personas imputadas, nombre del despacho que tramita la causa, las medidas cautelares solicitadas y una breve descripción de los hechos investigados.

Raúl Silesky, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), manifestó que esta acción obstruye la labor de la prensa.

El presidente del Colegio de Periodistas, Belisario Solano, indicó que estas medidas atentan contra la exigencia de transparencia a los funcionarios públicos.

El fiscal Molina postuló su nombre para ser fiscal general titular junto a otras 19 personas. El puesto está vacante desde finales de agosto cuando la exjerarca del Ministerio Público, Emilia Navas, se acogió a su pensión.