Caso ‘cochinilla’: Funcionario de Conavi se presentó durante día libre a gestionar obras ¢832 millones más caras en favor de H. Solís

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr

Entre octubre del 2015 y marzo del 2016, el entonces gerente de Contratación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Johnny Barth Ramírez, se presentó a la institución durante un día libre para gestionar obras en favor de la empresa H. Solís, las cuales le costaron al país ¢832 millones más caras.

Los hechos se desprenden del legajo de investigación del caso ‘cochinilla’, en el cual se señala que Barth Ramírez acudió al Conavi durante un día en que tenía permiso sin goce de salario, para contestar de forma negativa una impugnación que presentó la empresa Grupo Orosi ante la Contraloría.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el funcionario, sin que le correspondiera, recomendó adjudicar las obras de mantenimiento de vías a H. Solís, incluso brindando datos opuestos a los exigidos en el cartel de licitación.

El expediente añade que Gabriela Trejos Amador, encargada de Asuntos Jurídicos del Conavi, conocía que H. Solís tenía problemas que generarían su descalificación del proyecto, por lo que se presentó ante la aseguradora Oceánica para pedir información y asegurarse de que sí servían las garantías de participación de la constructora.

Joseph Rivera, experto en Derecho Penal, dijo que las situaciones que encontró el OIJ podrían configurar delitos como prevaricato y tráfico de influencias.

La investigación de las autoridades también deja ver que existía un contubernio empresarial entre Meco y H. Solís para repartirse en partes iguales las licitaciones para el mantenimiento de la red vial nacional, causando un perjuicio de ¢1183 millones al Estado.

El experto penalista también se refirió a las investigaciones que tendrán que profundizar las autoridades para confirmar o descarta esa supuesta alianza ilícita entre constructoras.

Según la investigación, la empresa H. Solís incluso habría incluido información falsa para adjudicarse obras. El expediente señala que en octubre del 2015 la constructora concursó y consiguió un contrato por ¢115 millones a pesar de que no cumplía con el requisito de tener experiencia en demarcación y señalización de vías.