Venezuela inicia el nuevo año con 354 presos políticos señalados por conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro

03 enero 21
Venezuela inicia el nuevo año con 354 presos políticos señalados por conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro

Por: Infobae

Ni siquiera los 110 “indultos” que el régimen de Nicolás Maduro concedió el 30 de agosto 2020, hicieron que el nuevo año que se inicia hoy tenga cifras más alentadoras. Hoy hay no menos de 354 presos políticos en las cárceles de Venezuela: 227 son civiles y 127 son militares. Desde hace un año se contabilizan por primera vez 13 indígenas imputados por razones de este tipo, uno de ellos, el pemón Salvador Franco, con un peligroso cuadro de desnutrición y deterioro de la salud, aun así la ministra de Asuntos Penitenciarios Mirelys Zulay Contreras no ordena su traslado a un centro de salud.

El 2020 representó el año de mayor brutalidad contra la generalidad de los presos políticos en Venezuela. Si bien es cierto que el 2019 tuvo como característica especial que los defensores de derechos humanos, los presos políticos y sus familiares centraron sus esperanzas en la actuación de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Verónica Michelle Bachelet Jeria, la realidad es que los métodos de tortura se intensificaron y el Covid-19 trajo consigo la etapa de mayor angustia, silencio, desesperación y tristeza en las familias de los presos por cuestiones políticas.

Aunque el régimen de Nicolás Maduro libera a algunos presos, pocos salen totalmente libres, pues la gran mayoría son enviados a casa por cárcel o con régimen de presentación. Y por otra parte detiene a nuevos dirigentes políticos, civiles que son apresados por manifestar su opinión, por reclamar ante la negligencia del gobierno nacional o incluso local, por manifestar ante la falta de agua, gas, combustible, fallas eléctricas, escasez de alimentos o papel moneda.

En el caso de los militares la situación es aterradora. La alta jerarquía política y militar habla de las bondades del Gobierno, de la unidad cívico-militar, de la fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o del magnífico apresto operacional. Pero la realidad es demasiado obstinada, los números de deserciones y de conspiraciones, así como de eventos negativos en la institución castrense, reflejan lo contrario de lo que dice el Alto Mando Militar.

A eso se le agrega la incapacidad que ha demostrado la institución castrense para responder ante el avance de los grupos irregulares armados, especialmente de paramilitares y guerrilla, ante quienes se presentan desdibujados, sin la fuerza para impedir la invasión de territorio, el uso de armas de guerra, el sometimiento de la población a fuerzas extranjeras, la imposición de medidas impuestas por grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera que se ha fortalecido en territorio venezolano.

La guerrilla se ha enseñoreado en cientos de trochas existentes entre Colombia y Venezuela; se instalan con computadoras portátiles para chequear las identificaciones de quienes pretenden atravesar de un lado a otro de la frontera, lo que indica que los elenos tienen la base de datos que debería ser exclusivo del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), porque pueden chequear a quienes estén o no inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los pasaportes.

A veces la guerrilla no permite pasar por los puentes artesanales y obliga a atravesar el río. Usan la computadora como si fueran funcionarios de migración, incluso determinando si alguien tiene problemas con el gobierno o legal.

Ni por orden del juez

Al indígena Salvador Franco lo señalan de participar en la llamada Operación Aurora, que consistió en el asalto al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla, ubicado en Luepa en la trocal 10 y Escuadrón de Caballería Motorizada 5102 conocido como Fuerte Escamoto, ubicado en de Santa Elena de Uairen capital del Municipio Gran Sabana. Él, junto a otros 12 pemones que están presos, fueron torturados, incomunicados y sometidos a desaparición forzosa y tratos crueles.

A Franco lo detuvo, el 30 de diciembre 2019, en la comunidad Kumarakapay, una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la comunidad Kumarakapay por funcionarios de la DGCIM. Lo trasladan de ahí al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla, ubicado en Luepa.

Pasan los días y el 6 de enero 2020 lo trasladan a Caracas, específicamente a la sede central de la DGCIM en Boleita. Queda detenido después de ser presentado ante el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del juez José Mascimino Márquez García.

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