Proveedor califica de imprudente cambio de tecnología de tobilleras electrónicas durante crisis por COVID-19

Redacción

En enero está previsto el nuevo concurso internacional para la utilización de tobilleras electrónicas en privados de libertad, sin embargo, el Ministerio de Justicia plantea un cambio de tecnología en menos de dos meses, en plena crisis del COVID-19 con los riesgos que esto conlleva.

Cesa, la actual proveedora, que quedará fuera del cambio tecnológico, dice que el cambio es imprudente y que no entiende por qué la prisa por hacer una variación a golpe de tambor y los riesgos que esto genera en la pandemia por COVID-19.

Su representante legal, Boris Molina, confirmó que han hecho cuatro intentos por conversar sobre el tema con la nueva ministra de Justicia, Fiorella Salazar, sin que hasta el momento les haya siquiera contestado.

El abogado insiste en que el cambio de proveedor traerá consigo el canje de todas las tobilleras y deja en inseguridad el abastecimiento de baterías, que son producidas en China, país donde arrancó el COVID-19 y que tiene su economía paralizada, al igual que el resto del mundo.

Mientras tanto CESA, mantiene en inventario las baterías necesarias.

El Ministerio de Justicia contestó por escrito que no se referirá al tema porque en los próximos días hará anuncios importantes y descartó que por el momento hayan tenido desabastecimiento de baterías.

La cartera tiene un contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que, a su vez, subcontrata a CESA para la importación de las tobilleras.

Pese a la experiencia internacional del proveedor, se han registrado problemas graves de monitoreo en los últimos seis meses. Justicia insiste en que se corregirán utilizando tecnología 4G, mientras que CESA es puntual en señalar que se trata de un problema de gestión dentro del ministerio.