Fallas en monitoreo de reos con tobillera cumple más de medio año sin soluciones claras
05 marzo 20Empresa que provee tecnología alertó que inconsistencias se mantienen
Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms
Las fallas en el monitoreo electrónico que realiza el Ministerio de Justicia a los privados de libertad que portan tobilleras cumplen ya más de medio año, sin que hasta la fecha se conozca una respuesta clara por parte de la institución.
Fue en setiembre del año pasado cuando la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) alertó que se desconocía el paradero de más de 570 reos con tobillera, a raíz de las falencias en la Unidad de Monitoreo del Ministerio.
Desde entonces, la institución culpó a los jueces y a la misma ESPH por la situación, e indicó que implementaría mejoras en el seguimiento a los privados de libertad con el beneficio carcelario. Sin embargo, un reciente informe de la firma CESA, contratada para brindar el servicio de los dispositivos, indicó que hay cerca de 300 reos sin monitoreo, evidenciando que el problema se mantiene.
Boris Molina, representante legal de CESA, indicó que solicitaron audiencia en reiteradas ocasiones a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, para dar a conocer las inconsistencias, sin que hasta la fecha hayan obtenido alguna respuesta.
En medio de los cuestionamientos de múltiples sectores por las fallas en el monitoreo, el Ministerio de Justicia anunció un acuerdo para limar asperezas con la ESPH, y desde entonces no trascendieron más inconsistencias, hasta el pasado 24 de febrero, cuando la firma CESA dio a conocer que los problemas para dar seguimiento a los reos persiste.
De acuerdo con Molina, las falencias siguen sin atenderse en un momento en que los beneficios a reos podrían aumentar ante la amenaza del coronavirus y las condiciones de hacinamiento que atraviesan las cárceles del país.
Consultado sobre el tema, el Ministerio de Justicia aseguró previamente que fueron 61 los reos que tuvieron problemas con las tobilleras, por lo que se solicitó a los jueces revocarles el beneficio. Se intentó localizar a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, pero no contestó las llamadas a su teléfono celular.