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Fiscalía justifica tiempo que tardó en allanar Presidencia por caso UPAD

02 marzo, 2020

Se decomisaron celulares y computadoras del presidente Alvarado

 

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

El Ministerio Público justificó el tiempo que tardó en llevar a cabo los diez allanamientos relacionados con la cuestionada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Emilia Navas, fiscal general de la República, dijo que la institución trabajó primero en fundamentar su solicitud de allanamientos ante la Sala Tercera.

Según indicó la jerarca, el aval de los magistrados lo recibieron a las 3 de la mañana del viernes, y a partir de ese momento se planearon los operativos que iniciaron cinco horas después.

 

 

En total son ocho las personas investigadas por supuesta violación de datos, prevaricato y abuso de autoridad: el presidente de la República, Carlos Alvarado, los ministros Víctor Morales y Daniel Soto, los asesores Alejandro Madrigal, Diego Fernández, Andrés Villalobos y Luis Salazar, así como la jefa de despacho de Presidencia, Felly Salas.

La jerarca del Ministerio Público confirmó que a todos los involucrados se les decomisaron computadoras y teléfonos celulares, incluyendo los dispositivos del mandatario, en diligencias que iniciaron el viernes a las 8 de la mañana y que concluyeron el sábado a las 4 de la tarde.

 

 

Por su parte, el fiscal José Pablo Miranda, indicó que la investigación también permitirá determinar si se borraron datos o no de las computadoras utilizadas por la UPAD.

 

 

Las viviendas de los asesores de la Presidencia se allanaron porque estos trabajaban con computadoras portátiles, mientras que el resto de investigados laboran con las computadoras en sus despachos, y por ende no se consideró necesario ingresar a sus casas. También se revisó el vehículo en el que viajaba el presidente Alvarado, para asegurarse de que no hubiese más dispositivos electrónicos para decomisar.

El Ministerio Público indicó que dará prioridad a la investigación del caso UPAD, tomando en cuenta que los delitos que se investigan podrían prescribir en un plazo de tres años.



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