Lío por brazaletes electrónicos deberá resolverse en Tribunal Contencioso

Por: Fernando Muñoz
Fernando.munoz@monumental.co.cr
@Luisferms

La denuncia que presentó la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) en contra de la exministra de Justicia, Marcia González, por supuestas irregularidades en el manejo del proyecto de tobilleras electrónicas, deberá resolverse en el Tribunal Contencioso Administrativo.

El reclamo se presentó en primera instancia ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), cuando González aún fungía como jerarca de Justicia. En la queja, la ESPH planteó cinco situaciones: mala gestión del inventario de tobilleras, deficiencias en el monitoreo de reos, atrasos en el pago por el servicio, falta de diálogo entre las partes y violación al deber de confidencialidad.

Las supuestas deficiencias en el equipo de monitoreo del Ministerio de Justicia causaron, según el consultor externo de la ESPH, William Villalobos, que se desconociera el paradero de al menos 570 reos que portaban tobillera electrónica.

Tras estudiar la denuncia, la PEP resolvió que las cuatro primeras situaciones no son de su competencia, sino de la Contraloría, por lo que debía ser esa instancia la que resolviera si hubo o no deficiencias en la prestación del servicio, daño a la imagen de la ESPH, ausencia de pagos, entre otros.

Sin embargo, tras consultar a la Contraloría, la institución indicó que no se abrió investigación sobre el tema, “considerando que se refieren a presuntos defectos propios de la ejecución del contrato, que deben ser resueltos por las partes en las vías procesales establecidas por el ordenamiento jurídico”.

Es decir, la vía para definir cuál de las dos partes tiene la razón será el Tribunal Contencioso Administrativo, en caso de que el Ministerio o la ESPH decidan elevar el caso a esa instancia.

El contrato entre el Ministerio de Justicia y la ESPH vence en el 2021. Un total de 18 empresas están interesadas en brindar el servicio a partir del próximo año.