El Senado chileno aprobó convocar al plebiscito para reformar la Constitución

Por Infobae

Con 38 votos a favor y 3 en contra, el senado chileno aprobó este jueves el proyecto para reformar la Constitución del país, lo que habilitaría al Congreso a llamar al plebiscito en el que se determinará si se convoca una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. El acuerdo es necesario para modificar la actual Constitución, que no permite llamar a plebiscito para estos fines.

De esta manera, el 26 de abril del 2020 los chilenos concurrirán a las urnas para decidir si quieren una nueva Constitución que reemplace a la actual, que data de la última dictadura militar, y, de ser afirmativa la respuesta, la composición del órgano que lo hará: una “comisión mixta constitucional” o una “convención constitucional” o Asamblea constituyente.

La convención mixta, impulsada por los partidos de la coalición de gobierno, estaría integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras que en la “convención constitucional”, promovida por los partidos de la oposición, todos sus integrantes serán elegidos específicamente para este evento.

La elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución, si el proyecto es ratificado en el plebiscito, será con sufragio universal y voto obligatorio.

Al igual que sus pares en la Cámara Baja, la mayoría de los legisladores rechazó también la inclusión de enmiendas sobre paridad de género y representación de pueblos indígenas en la eventual Asamblea Constituyente, lo mismo que mejores condiciones de competencia para quienes se postulen como independientes. Luego de haber sido rechazadas las enmiendas en la Cámara de Diputados, una serie de legisladores intentaron introducirlas de manera paralela.

La decisión de redactar una nueva Constitución llegó luego de semanas de intensas protestas en el país andino. Catalizadas por una suba en la tarifa del subterráneo, devino en un movimiento amplio cuyas denuncias apuntan a la desigualdad reinante. Pese a que inicialmente el presidente Sebastián Piñera criticó a los manifestantes -llegó a decir que Chile estaba “en guerra”- luego reculó y concedió legitimidad a las banderas levantadas. Y el 15 de noviembre el Congreso llegó al acuerdo por el cual iniciarían el proceso de reforma constitucional.

Las protestas estuvieron marcadas por la violencia de las fuerzas de seguridad. Distintas organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, han denunciado abusos.

En tanto, la oficina de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet denunció el viernes pasado un “elevado número de violaciones de derechos humanos” por la represión policial a las protestas en Chile, al presentar un informe sobre la situación en el país sudamericano.

“Estas violaciones incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias”, afirma un comunicado de prensa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que estuvo en Chile tres semanas de noviembre para investigar la situación en siete regiones de Chile.

Human Rights Watch reportó que el número de muertos en el marco de las protestas asciende a 26. Y la oficina asegura que documentó “cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del estado”.