Un mes de López Obrador como presidente de México y los retos para su gobierno en 2019

El primer presidente de izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, cumple un mes al frente del gobierno de México, este primero de enero de 2019.

En sus primeros 31 días como presidente, su paso ha sido más que acelerado –frenético, dirían algunos– con rumbo a lo que llama la «cuarta transformación» del país, que ya deja saldos a favor y en contra en el camino.

Con veinte conferencias de prensa ya en su haber –de lunes a viernes desde el pasado 3 de diciembre–, 10 viajes a estados del país en vuelos comerciales y una agenda de trabajo que comienza a las 6 de la mañana con la reunión diaria del gabinete de seguridad, López Obrador ha impuesto un intenso ritmo de trabajo en la Presidencia de México.

A la fecha, ya puso en marcha tres de sus principales proyectos: el Tren Maya, el corredor Transísmico y la Zona Libre en la frontera. También ya tiene garantizados los recursos para sus principales programas sociales: el incremento de la pensión para adultos mayores, las becas de estudio y trabajo para jóvenes y el apoyo económico para las personas con discapacidad.

Además cumplió uno de sus principales propósitos: dejó tirado como un cadáver el llamado nuevo aeropuerto internacional que estaba previsto en Texcoco, y en su lugar ya tiene en puerta las obras de adecuación de la terminal aérea en Santa Lucía.

Esta decisión, tomada a partir de una cuestionada consulta ciudadana, alimentó las dudas y los recelos que rondan a su gobierno y cuestionan su personal estilo de gobernar.

Pero esta fue la primera de otras medidas que han despertado críticas incluso entre quienes votaron por él.

La Guardia Nacional. Durante toda su campaña, López Obrador ofreció al país retirar a los militares de las labores de seguridad que desempeñan desde el gobierno de Felipe Calderón.

No obstante, a partir de una reunión con altos mandos militares, antes de elegir a los secretarios de Defensa y Marina, su decisión cambió y retomó la idea de integrar una Guardia Nacional con militares y marinos para combatir al crimen y «pacificar» el país.

Esto, además, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por completo la Ley de Seguridad Nacional, presentada por su antecesor Peña Nieto, para regular las labores de seguridad de militares.

López Obrador no retoma esa ley, pero le da la vuelta al presentar al Congreso una iniciativa para crear la Guardia Nacional, que ha despertado el rechazo de amplios sectores de la población que lo apoyaron en su propuesta de pacificación del país, sin militares.

El presidente, sin embargo, ha insistido en la grave situación de seguridad y en la falta de elementos policiacos para combatir la criminalidad como justificación de su decisión, lo que no convence a muchos.

Por ahora, la iniciativa de Guardia Nacional está detenida en el Congreso, donde incluso legisladores de su partido Morena se han manifestado en contra, como lo hizo su ex jefa de campaña Tatiana Clouthier, ahora diputada.

Frente a las divisiones, Morena ofreció abrir foros de discusión pública a partir del próximo lunes en la Cámara de Diputados, donde el partido de López Obrador es mayoría, igual que en el Senado.

Austeridad y ajustes burocráticos. La austeridad republicana de López Obrador ha cimbrado a la administración pública federal y a gobiernos locales de su partido que siguen su ejemplo.

Las reformas a la Ley de Remuneraciones, que retabuló los salarios para que ningún funcionario público gane más que el presidente y la cual elimina todas las prebendas que la alta burocracia disfrutaba en el pasado, ha despertado tal inconformidad que llovieron los amparos.

A la fecha ya suman más de 11.000 los recursos de amparo presentados antes juzgados, en contra de los ajustes salariales que ha dispuesto López Obrador, junto con otras medidas de austeridad. Entre ellas, también, el adelgazamiento de la burocracia.

El recorte suponía eliminar de las estructuras de gobierno gastos superfluos, choferes, escoltas y plazas innecesarias como las decenas de asesores y secretarios particulares de los altos funcionarios.

Pero los ajustes también han afectado a empleados de menor rango. La mayoría contratados por honorarios, dado que no gozan de ninguna protección laboral.

El gobierno federal ha justificado que encontró en las estructuras plazas duplicadas, «aviadores» y beneficios a gente cercana a funcionarios públicos del pasado.

Pero lo cierto es que la «limpia» ha significado también la pérdida de empleo para gente con muchos años de experiencia en el servicio público, y todos los niveles.

Tampoco hubo aplausos unánimes para el presupuesto 2019, que dejó con recursos muy limitados a dependencias que, se suponían, gozarían de más apoyo como cultura y ciencia y tecnología.

La política de «punto y aparte» y la impunidad. Paradójicamente, la oferta de reconciliación nacional de López Obrador ha provocado más divisiones que unidad.

El presidente ha dicho que no pretende perseguir a ex presidentes ni a políticos de anteriores gobiernos, porque su propósito es resolver el «caos» en que dejaron el país y acabar con la corrupción, lo que no pasa por meter a la cárcel a quienes la practicaron en el pasado.

Es su política de «punto y aparte» que no convence a muchos que esperaban de su gobierno no sólo un ataque frontal contra la corrupción, sino también contra la impunidad.

Incluso luego de que dio a conocer las enormes cifras de robo de combustible en México y la presunción de que en este delito participó toda una red que incluyó a empleados de Petróleos Mexcanos, López Obrador dijo que no tenía evidencia en contra de los anteriores directivos de la empresa petrolera.

No obstante, aseguró que sabían del saqueo. Tanto que las pérdidas por robo las integraban a los estados financieros de Pemex como pérdidas y llevaban un control diario de los robos.

Junto con la indignación saltó de nuevo la demanda de investigar a los responsables, a los altos funcionarios de Pemex y a los ex presidentes que permitieron que el robo de combustible se disparara en los últimos tres sexenios.

De nuevo, el presidente tomó como salida una consulta: preguntar a los ciudadanos si quieren que su gobierno investigue a los funcionarios del pasado. Él, por su parte, preferiría dejarlo en el pasado para concentrarse en el futuro, porque además no alcanzarían las cárceles para todos, ha dicho.

Sin embargo, reformas a la ley permitirán desde ahora perseguir la corrupción como un delito grave sin derecho a fianza. Pero la legislación no puede ser retroactiva, como lo marca la Constitución, de modo que no aplicaría para casos del pasado.

Reconciliación. Con poco más de 30 millones de votos que lo llevaron a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador no ha logrado reconciliar al país, que hoy sigue muy dividido entre quienes lo apoyan y sus detractores.

Él ha llamado a la reconciliación. Lo hizo en su visita a Coahuila el pasado viernes. Aunque unos días antes, el 26 de diciembre, estalló contra quienes emprendieron en redes sociales una campaña en contra suya y de su gobierno, sugiriendo que algo tenían que ver con el accidente aéreo en que murió la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador del PAN Rafael Moreno Valle, a propósito de sus desencuentros y distancia política.

El presidente, sin tapujos, llamó «neofascistas» y «mezquinos» a quienes intentaron involucrarlo. Incluso al día siguiente que quiso ser conciliador volvió a advertir: «Son tiempos de canallas».

Llovieron las críticas en su contra, por un tono que –aseguraron sus detractores– no ayudaba nada a la reconciliación y el respeto por los adversarios. Después las voces bajaron de tono cuando el presidente dio a conocer la red de saqueo de combustible en Pemex.

Lo cierto, sin embargo, es que su figura y sus decisiones siguen y seguramente seguirán causando polémica en los años por venir.